El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este miércoles una batería de 29 medidas de prueba en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici. La resolución revoca un límite temporal fijado por la gestión anterior y reactiva la pista financiera en Uruguay junto con el análisis de más de 100 líneas telefónicas. La medida busca esclarecer el origen del patrimonio de los imputados e identificar posibles maniobras de ocultamiento de bienes.
Las medidas dictadas
El magistrado hizo lugar a los planteos formulados por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, este último titular de la Procuraduría de Lavado de Activos y Criminalidad Organizada (Procelac). Con esta decisión, Rodríguez Ponte dejó sin efecto una resolución previa del juez Luis Armella, que acotaba el pedido de información sobre transacciones en Uruguay al período comprendido entre 2009 y 2023.
La nueva orden judicial exige a las entidades uruguayas el detalle completo de los movimientos de dos cuentas vinculadas a Insaurralde desde sus fechas de apertura.
El requerimiento abarca legajos de apertura, titulares, cotitulares, acciones, bonos y transferencias históricas de la cuenta custodia de valores N° 100344 en GMC Securities Agente de Valores S.A. y de la cuenta N° 04696093 del ABN Amro Bank N.V..
La revisión extendida responde a que el expediente incluye maniobras bajo sospecha iniciadas en 2006, entre ellas obras públicas de la empresa DOIO S.R.L. en el municipio bonaerense y la compra de un inmueble en el barrio cerrado Fincas de San Vicente.
Rastreo de más de 100 teléfonos y geolocalización
En el plano de las telecomunicaciones, el juzgado encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) la entrega del registro de llamadas, mensajes y tráfico de datos de más de 100 líneas telefónicas activas desde 2009.
La medida alcanza a los tres principales imputados, a los hijos del exintendente —Martín Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Insaurralde—, y a los allegados Gastón Barrachina y Víctor Mariano Donadío.
El organismo técnico deberá cruzar la ubicación geográfica de las antenas para determinar si los investigados compartieron espacio físico en fechas clave, como la firma de un supuesto préstamo por 250.000 dólares entre Cirio e Insaurralde.
Asimismo, Rodríguez Ponte solicitó informes patrimoniales y bancarios al Renaper, la Anses, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la empresa Coelsa, la Sociedad Rural Argentina y a las autoridades de los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo para verificar la propiedad de boxes o studs. A su vez, se libraron oficios a ocho entidades bancarias, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de la actuación del escribano que certificó la donación de bienes formalizada en enero de 2023.
Hipótesis delictivas y resoluciones sobre los imputados
La causa encuadra de manera provisoria el accionar de los acusados en cinco hipótesis de lavado: ocultamiento de activos mediante sociedades e interpósitas personas, financiamiento de gastos personales y viajes al exterior, transferencia informal de patrimonio, tenencia de efectivo y bienes de lujo sin respaldo fiscal, y presuntas vinculaciones con el sector de los juegos de azar.
En la misma resolución, el juez desestimó un planteo de nulidad presentado por la defensa de Insaurralde —al que adhirió la representación de Clerici— contra un peritaje scopométrico de la Policía Federal Argentina. La pericia comparó imágenes de vestidores tomadas de videos periodísticos con los inmuebles allanados en San Vicente y en la calle Ortega y Gasset 1661. Ante el reclamo de la defensa por la falta de fecha cierta en los archivos, Rodríguez Ponte concluyó: «La ausencia de fecha cierta no significa que el registro carezca de todo valor probatorio», al precisar que las imágenes de contraste surgieron de actas de allanamiento judicial.
Por último, la justicia levantó la prohibición de salida del país que regía sobre Clerici, rechazó la presentación del empresario Elías Piccirillo por no ser parte en el expediente y citó a declarar como testigo para el 14 de septiembre al representante de la Fundación Apolo, Nicolás Silvera.