El debut del juez Pablo Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal porteña no decepcionó al gobierno de Javier Milei. Apenas unas horas después de asumir junto a su par Pablo Yadarola -que inmediatamente se tomó licencia hasta el miércoles próximo-, sentenció con el camarista Mariano Llorens la expulsión de los cinco damnificados de las querellas de la causa $Libra, que afecta directamente al Presidente y a su hermana Karina Milei, que fueron quienes lo impulsaron en el puesto.
La medida en cuestión
La medida ratifica un fallo previo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien a inicios de julio le arrebató el derecho de integrar la querella a los afectados por la criptoestafa Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Diez días después de aquél fallo, el presidente Milei designó a la esposa de Martínez de Giorgi, Ana Juan, como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
En aquella oportunidad, Martínez de Giorgi aprobó un pedido del principal imputado, el lobista Mauricio Novelli, quien pidió apartar a la querella bajo el argumento de que los afectados no eran «particulares ofendidos» por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo. Esa resolución ya había favorecido al gobierno de Milei al debilitar la hipótesis de la estafa alrededor del caso, ya que implica respaldar el principal argumento de los acusados, que sostiene que no se trató de una estafa sino de una situación generada por los propios riesgos del mercado cripto.
La nueva resolución
Esta vez, a menos de 24 horas de asumir en la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, Bertuzzi firmó la sentencia definitiva que excluye a los afectados por la estafa de la investigación que involucra al jefe de Estado, lo que implica que ya no podrán impulsar la pesquisa, que quedará exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, que viene siendo muy cuestionado por no tomar medidas para impulsar la causa.
El principal argumento de la resolución de Bertuzzi y Llorens es que los inversores “no demostraron” un engaño que los haya llevado a adquirir el token ni una relación directa con un perjuicio sufrido producto de un delito, que es precisamente lo que tenían que investigar Martínez de Giorgi y Taiano.
Los jueces incluso afirmaron que los afectados “conocían los riesgos”, que es una forma de poner en duda la existencia misma de la criptoestafa y respaldar los argumentos de la defensa. La operatoria “se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”, aseveran Bertuzzi y Llorens en su fallo, donde aseguran que “quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”.
Es más, los jueces señalaron que la hipótesis planteada por los cinco afectados, quienes afirman haber sido “víctimas de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales” junto con “un grupo de desarrolladores de criptoactivos” que “se valió de la utilización dolosa de algún tipo de ardid o engaño orientado a provocar en ellos una disposición patrimonial perjudicial”, se encuentra “diluida” ante las pruebas de la causa.
“Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”, agregaron los magistrados, sentenciando prácticamente el fin de la causa $Libra.
Los querellantes apartados insistirán ante la Cámara de Casación Penal Federal con la expectativa de revertir el escenario, aunque estos antecedentes complican su propósito. Mientras, la investigación que tiene entre los imputados a Javier Milei y a su hermana Karina, está paralizada, sin novedades desde que Martínez de Giorgi excluyó a las querellas.
Otro fallo a favor de Macri y Caputo
No fue el único fallo polémico del nuevo tribunal que revisa todas las causas de corrupción: el mismo viernes, Bertuzzi y Llorens firmaron el archivo de la causa que investigaba el préstamo de por US$ 57.000 millones del FMI a la gestión de Mauricio Macri, donde estaban acusados el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
La Constitución establece que contraer empréstitos y arreglar la deuda externa es competencia del Congreso, donde están representadas todas las provincias y todas las minorías. Ese requisito previsto en el artículo 75, inciso 4, fue desconocido en 2018 y también el año pasado, con Caputo en Economía y Sturzenegger en Desregulación.
El fiscal Franco Picardi había apelado el cierre de la investigación por el incumplimiento de la Constitución, pero también por la suma de irregularidades administrativas en el proceso de toma del préstamo: por ejemplo, en 2018 no hubo un decreto que autorizara la operación y formalizara el acuerdo, como tampoco hubo dictamen del Banco Central de la República sobre la balanza de pagos ni dictamen jurídico previo, todos requisitos establecidos por la ley argentina para adquirir un préstamo.
El fiscal había planteado también que la administración de los fondos podía configurar una administración fraudulenta, algo que fue respaldado luego por el propio Estado. El Banco Central documentó que durante la vigencia de aquel acuerdo la fuga de capitales alcanzó los US$ 45.100 millones, con una fuerte concentración en cien actores económicos.
El juez Martínez de Giorgi desactiva la causa por la estafa $Libra
La Sindicatura General de la Nación incluso concluyó que el acuerdo generó “un perjuicio económico para la República Argentina” que estimó en US$ 29.618 millones. La Oficina Anticorrupción encuadró los hechos en figuras de defraudación y la Auditoría General de la Nación dictaminó que el acuerdo no fue suscripto por autoridad competente y que se violaron las leyes de administración financiera y de procedimiento administrativo.
Sin embargo, los jueces Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que estuvo a cargo de la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Para los camaristas, dichas irregularidades no implican delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes… con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función. Aun tomando como ciertos los cuestionamientos de la fiscalía, debe probarse el dolo, razonaron. “No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, concluyeron.
El ingreso de los jueces
Los flamantes jueces entraron en funciones el jueves pasado. Bertuzzi ya ocupaba un lugar en ese tribunal después de haber sido designado a dedo por Macri en 2018, sin concursar para camarista. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que esa designación era inconstitucional, en 2021.
Por lo que Bertuzzi tuvo que concursar nuevamente: quedó en el puesto 21, pero el Consejo de la Magistratura lo ayudó a entrar en la terna, de la que fue elegido por el gobierno de Milei en plena colonización de los tribunales, guiada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
Yadarola era juez penal económico desde 2015, pero se hizo conocido por integrar el grupo que viajó a Lago Escondido, junto con Mahiques y su padre. La Magistratura también lo ayudó a saltar del puesto 17 en el concurso a la terna. En el Senado obtuvo apoyo amplio, incluso del peronismo.
Antes de dejar su cargo anterior como juez en lo Penal Económico, Yadarola decidió archivar otra causa sensible para el Gobierno: se trata del caso que investigaba el ingreso al país de diez valijas sin controles aduaneros en el Aeroparque Metropolitano, a bordo de un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, por una presunta maniobra de contrabando.
El Senado aprobó los pliegos de jueces clave para el Gobierno