La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar una millonaria indemnización por la estatización de YPF y declaró concluida la primera instancia del litigio. La decisión se ajusta al fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que revocó la condena y modificó el escenario judicial para el país.
La resolución deja atrás la sentencia dictada en 2023, que había establecido una indemnización de US$16.100 millones. Con la acumulación de intereses, el monto reclamado superaba los US$18.000 millones.
El caso se originó por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La demanda fue impulsada por sociedades vinculadas a los antiguos accionistas Petersen y Eton Park, mientras que el fondo Burford Capital financió el litigio.
El fallo que anuló la condena millonaria
En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos revocó la sentencia de Preska. La decisión fue adoptada por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con el voto en disidencia de José Cabranes.
El tribunal consideró que la jueza de primera instancia había interpretado incorrectamente la legislación argentina. Según el criterio de la mayoría, las normas que regularon la expropiación impedían que las demandas de terceros interfirieran con ese proceso. Además, sostuvo que el estatuto de YPF no constituía un contrato bilateral entre accionistas que habilitara los reclamos por daños planteados en la causa.
En junio, el pleno de la Cámara rechazó un pedido para revisar el fallo, por lo que quedó agotada esa instancia de apelación ordinaria. La resolución de Preska formalizó ahora las consecuencias de esa decisión y puso fin a su intervención en la primera instancia.
La definición queda en manos de la Corte Suprema
El próximo paso dependerá de la Corte Suprema de Estados Unidos. A comienzos de octubre, Burford Capital presentó un recurso de certiorari para solicitar que el máximo tribunal revise la decisión de la Cámara de Apelaciones.
El fondo cuestionó duramente el fallo y lo calificó como una decisión «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes».
Sin embargo, la Corte Suprema no está obligada a aceptar el planteo. El tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por año y suele admitir alrededor de 80 casos. Tampoco tiene un plazo establecido para resolver si tomará el expediente.
Por ese motivo, la presentación de Burford no implica que la condena anterior vuelva a estar vigente ni que la Corte vaya a tratar necesariamente el caso. La revisión deberá ser aceptada por los magistrados para que se abra esa instancia.
Burford también recurrió a un arbitraje internacional
En paralelo al proceso judicial en Estados Unidos, Burford Capital inició un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
Esta vía constituye una estrategia paralela al litigio judicial y mantiene abierto otro frente de disputa relacionado con la expropiación de YPF.
Así, aunque la decisión de la Cámara de Apelaciones representó un cambio favorable para la Argentina al dejar sin efecto la condena millonaria, el conflicto todavía tiene instancias pendientes. La eventual intervención de la Corte Suprema estadounidense y el avance del arbitraje internacional serán determinantes para conocer cómo continuará la disputa.
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