Más de treinta organizaciones civiles enviaron una carta a la senadora Patricia Bullrich para exigir la eliminación de las sociedades automatizadas y descentralizadas del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades. La iniciativa del Poder Ejecutivo, que se debate en la Comisión de Legislación General del Senado, genera preocupación porque habilita la operación de empresas dirigidas por inteligencia artificial sin ningún control humano efectivo. El reclamo resulta central para el futuro del país ya que la falta de un responsable directo impediría atribuir responsabilidades penales o civiles ante fallas o daños a terceros.
Alertas de juristas y la industria
Las entidades rechazaron el artículo 14 y la Sección V (artículos 258 a 265) sobre Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO) del texto oficial. El planteo ratifica las prevenciones expuestas durante las reuniones de comisión desarrolladas entre junio y agosto. En esas audiencias, especialistas en derecho societario y penal advirtieron sobre la inviabilidad de procesar o sancionar a algoritmos sin un respaldo personal evaluable.
«No es posible atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante», manifestaron en los encuentros la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores, entre otros expositores. A las objeciones judiciales se sumó la posición de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la del ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, quienes reclamaron retirar estas figuras normativas del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Un experimento sin antecedentes
La misiva enviada a la Cámara alta rescata además las declaraciones vertidas por defensores del cambio legislativo. El texto cita al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ante el plenario calificó a la iniciativa como un «experimento» y admitió la carencia de antecedentes normativos similares en el marco legal argentino.
Asimismo, los firmantes recordaron el testimonio del referente tecnológico Emiliano Kargieman, quien si bien respaldó las estructuras autónomas, marcó diferencias con la propuesta gubernamental.
«Este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales«, aseveró Kargieman en la comisión legislativa, postura contraria al esquema de menor supervisión planteado en el articulado oficial.
Riesgos globales y exigencia de control
Las ONGs fundamentaron su pedido en diferentes pronunciamientos de alerta sobre el avance de los sistemas algorítmicos. Invocaron por ejemplo las últimas advertencias de Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, sobre la falta de gestión responsable en el desarrollo de IA de alta autonomía.
También sumaron conceptos de Evan Hubinger, integrante de Anthropic, quien sostuvo que «la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década«.
Ante estos escenarios, el reclamo a la bancada oficialista busca modificar el artículo 102 para imponer la exigencia de autorización humana previa en cada operación societaria de trascendencia. Colegios y entidades exigen que cualquier regulación sobre inteligencia artificial se tramite en una ley especial con auditorías obligatorias y cobertura de seguros, omitiendo improvisaciones en la legislación mercantil general.
El documento cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia, junto a firmas de técnicos de diversas provincias. Las entidades denunciaron que, pese a presentar propuestas alternativas desde agosto, no obtuvieron respuestas formales del Senado.