Una nueva propuesta de los bloques aliados para proteger a las empresas nacionales hizo demorar este miércoles la firma del despacho sobre el proyecto del Súper Rigi, con lo cual es probable que se postergue el tratamiento en el recinto de sesiones.
Reclamos aliados
Los bloques de la UCR y el PRO pidieron incorporar un artículo para cuando haya una diferencia del 15% de precios entre la oferta de una empresa nacional y otra extranjera se priorice a la firma de nuestro país.
Sin embargo, la presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, advirtió: “Si el Súper Rigi tiene tanto problema, nos quedamos con el Rigi”.
Bullrich se enteró del nuevo reclamo cerca de las 11, pero advirtió que aún no tiene el visto bueno del Ministerio de Economía, por eso no se incorporó al despacho de comisión porque el Gobierno tiene que evaluar ese cambio.
La sesión de comisión
La discusión del proyecto ya sancionado por diputados se realizó en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General del Senado, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez.
Monteverde anunció que el dictamen –con otros cambios propuestos por los aliados se pasaba a la firma- pero algunos opositores como los macristas Goerling Lara y María Cristina Huala, el radical Maximiliano Abad y Carlos “Camau” Espínola decidieron no firmarlo.
La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, ya había aceptado modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial y los minerales críticos.
En la media sanción de Diputados se estableció que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores.
Pero, según trascendió, los senadores aliados rebeldes reclamaron además ayer que ese porcentaje se eleve al 30% con posibilidad de llevarlo al 40%. Lo cierto es que esa condición es difícil y casi imposible que sea aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que pretendía que no hubiera ninguna regulación al respecto.
«En el Día de la Industria, el Gobierno le vació el acto a la UIA (Unión Industrial Argentina) y encima querían que le saquemos dictamen de este proyecto que no le da ninguna garantía al sector», protestó un senador aliado, según publicó Clarín.
Proyecto trabado
Con este escenario, la Libertad Avanza no podrá definir cuándo se tratará en el recinto de sesiones hasta que no se destraben las diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados.
En el inicio del debate, Monteverde presentó las modificaciones que serán incorporadas al proyecto. Sobre el plan de desarrollo de proveedores locales, Monteverde explicó que “establece un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores vinculados al proyecto, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad y precio”.
“Se incorpora un nuevo artículo 18, destinado a los proyectos de inversión de gran escala que sean electrointensivos. Estos deberán acreditar, como condición para su aprobación, la disponibilidad de capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento, generación propia y/o almacenamiento que contribuya a cubrir su demanda máxima sin afectar la seguridad ni la confiabilidad del sistema, agregó Monteverde.
Por último, informó que se incorpora como sanción el incumplimiento total o parcial del compromiso de contratación de proveedores locales previsto en el plan de desarrollo correspondiente, cuando el Vehículo de Proyecto Único (VPU) no pueda acreditar que la oferta local no se encontraba disponible o no resultaba compatible con las condiciones de mercado.
Fuertes cruces de la UIA con el Gobierno en el Día de la Industria