La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas en el Poder Ejecutivo, aceptó el viernes pasado el pedido de dos ONG y se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para apelar la decisión de sobreseer a los once investigados del criptoescándalo $Libra, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al afirmar que la investigación tiene indicios de ser una maniobra «defraudatoria», por lo que impulsó la reapertura de la causa.
La presentación
La fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en la causa para asumir el ejercicio de la acción penalen lugar del fiscal Eduardo Taiano, quien insólitamente renunció a investigar los hechos y solicitó el sobreseimiento de todos los acusados.
De esta forma, la PIA se hará cargo de promover que continúe la investigación, luego de que Taiano desestimara ese rol y pidiera el sobreseimiento de Milei, su hermana y los otros nueve imputados en la causa por la presunta criptoestafa.
La decisión de la Procuraduría fue adoptada por pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por considerar que el cierre de la causa es “prematuro”.
Los argumentos de Rodríguez
En el escrito, Rodríguez desmenuza diversos motivos por los cuales sostiene que la investigación no debería cerrarse. «Se viene a apelar la resolución emitida, en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba«, planteó el fiscal, que enumeró una serie de medidas que restaban por realizarse. Entre ellas, el análisis de blockchain que habían sido descartados por la fiscalía por no contar con software especializado, pero sin haber explorado otras alternativas para lograr la producción de prueba.
También remarca que no se terminaron de peritar algunos celularesclaves. Aunque no los menciona, en la semana los abogados de los damnificados habían apuntado a los teléfonos de Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, quienes fueron intermediarios que recibieron dinero de Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó la moneda.
La PIA también destacó que los argumentos presentados por la Secretaría General de la Presidencia o la Oficina Anticorrupción, citados por Taiano para justificar el sobreseimiento, deberían ser considerados como relativos, puesto que son partes interesadas en la causa.
«Se tiene dicho que, por su carácter de sentencia definitiva, el sobreseimiento requiere la comprobación de una certeza negativa que jamás puede sustentarse en meras dudas. La resolución cuestionada no da razón bastante de la ineptitud manifiesta«, plantea la PIA.
En otro pasaje crítico, apunta a la decisión de «arrojar dudas» sobre el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) por su filtración a la prensa. Para Rodríguez, la decisión se hizo en base a afirmaciones «antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente».
El fiscal señala que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi denota una «perspectiva parcializada» al poner el foco en las características de los mercados de memecoins en lugar de considerar los roles de los involucrados en el escándalo.
La PIA rechazó incluso que el mercado no regulado de las memecoins sirva como un «cheque en blanco» para liberar de responsabilidad a los promotores de la criptoestafa. «El caso investiga si Libra se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria», remarca en sus conclusiones el fiscal Rodríguez.
Entre las pruebas potenciales que Taiano y Martínez de Giorgi decidieron omitir en su sobreseimiento, la PIA resaltó que 74 billeteras ejecutaron compras por 13,5 millones de dólares apenas 22 segundos antes del tuit presidencial, en simultáneo con llamadas telefónicas entre los organizadores y el propio mandatario, para luego drenar la liquidez hacia una bóveda colectora con más de 44,5 millones de USDC (dólares virtuales), indicios más que claros de una organización que podría indicar la voluntad de estafar a los compradores de la moneda.
La reacción del CIPCE
Desde el CIPCE consideraron un “paso fundamental” que la fiscalía especializada participe en el caso. “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”, enfatizaron en un comunicado.
Ahora, el Juzgado Federal N°8, a cargo interinamente del juez federal Daniel Rafecas, podría permitir que se reabra la causa. En caso de rechazarlo, la PIA interpuso un recurso de apelación en subsidio para que la decisión recaiga en la Cámara Federal.
“Deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad”, manifestó la ONG.
