El ex legislador provincial Aurelio García Elorrio presentó recientemente sendos escritos en el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de Córdoba y en el Tribunal de Ética Judicial para que le informen si existen sumarios que investiguen la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación de la causa por la primera contratación de los gasoductos troncales.
Más precisamente, en la instancia en que en 2022 el TSJ le denegó a la Asociación Solidaria por una Mejor Argentina (Asoma) la posibilidad de ser querellante en esa causa. Tanto el Alto Cuerpo como el Tribunal de Ética respondieron escuetamente que no existen sumarios vinculados a esas actuaciones y en ninguno de ambos casos existieron consultas a García Elorrio sobre los motivos de la solicitud de información.
Esto, pese a que la nota presentada por el ex parlamentario y vicepresidente del partido Encuentro Vecinal Córdoba anticipa versiones que llegaron a su conocimiento sobre un presunto pedido de coima al Poder Ejecutivo que encabezaba el ex gobernador Juan Schiaretti por parte de funcionarios del Poder Judicial para que la asociación civil Asoma no fuese habilitada como querellante. García Elorrio es miembro de Asoma y es quien sigue impulsando esa causa.
El ex legislador hizo pública la presentación de las notas en el programa Realidad 2024 de Canal C. “Así como lo sé yo, lo saben un montón de jueces y funcionarios judiciales y del Ministerio Público”, indicó García Elorrio, que no dio nombres propios en ningún momento.
“En noviembre del año pasado llegó a mi conocimiento que cuando se votó en el Tribunal Superior y Asoma perdió por dos votos contra uno la posibilidad de ser querellante en la causa, por parte de altos funcionarios del Poder Judicial de Córdoba hubo un pedido de dinero al Poder Ejecutivo de Schiaretti”, repasó García Elorrio, que cifró en tres millones de dólares ese supuesto pedido de coima.
En aquella ocasión, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati votaron en contra, mientras que Aída Tarditti votó a favor de que Asoma fuese admitido como querellante. Ahora, el tema está en la Corte Suprema de Justicia.
“Como hay mucha gente muy calificada que me lo ha planteado, me presenté ante el TSJ e informé que llegó a mi conocimiento que de manera concomitante con ese fallo habría existido un pedido de colaboración económica impropio al Poder Ejecutivo por parte de altos funcionarios judiciales”, indicó García Elorrio, quien solicitó que se le informara si existieron sumarios internos que investigaran esos rumores.
Asoma es una asociación civil que en el pasado también integraban los ex legisladores Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero, hoy ministros del gabinete del gobernador Martín Llaryora. Esa asociación mantiene activas las denuncias presentadas en su momento. En el caso de la denuncia por supuesta corrupción en la primera contratación de los gasoductos troncales, el expediente comprende al primer contrato firmado por el Gobierno de Córdoba con las firmas Iecsa y Odebrecht.