Referentes políticos de la oposición salieron ayer a criticar a la gestión de Martín Llaryora después de tomar conocimiento acerca de la decisión del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) de convocar a una audiencia pública para el 16 de enero próximo con el objetivo de convalidar la implementación de un mecanismo más ágil para el incremento de tarifas de los servicios de energía, agua, peajes y transporte interurbano en nuestra provincia.
Según el fundamento del Área de Costos y Tarifas del organismo, esto se debe a “la necesidad de estructurar un procedimiento transitorio y adaptado al contexto económico inflacionario y su impacto en las tarifas de los servicios públicos bajo regulación y control”. En concreto, lo que se busca cambiar es el procedimiento que involucra el pedido del concesionario, el análisis de la Mesa Tarifaria, la audiencia pública y el voto del directorio del Ersep, antes de cada aumento.
“En atención a que la coyuntura económica del país hoy es atípica, con un ritmo de inflación creciente, y escapa de cualquier previsión de funcionamiento normal y regular de una actividad económica y social, debería estructurarse un procedimiento especial para la determinación de las tarifas adaptado a la circunstancia de una elevada inflación. En tal sentido a los fines de compatibilizar la sostenibilidad de los servicios públicos regulados por este Ersep, con la dinámica de ajustes y los tiempos lógicos de procedimientos administrativos, se propone un mecanismo más ágil para disminuir el plazo entre el momento de revisión por aumento en los costos de las distintas prestadoras, y su correspondiente reconocimiento en los ingresos. La idea básicamente estaría destinada a mitigar las pérdidas que compromete la sostenibilidad de estos servicios por efecto de la inflación”, fundamentaron los técnicos del organismo.
Lo que propusieron es tomar como referencia el Relevamiento Expectativas Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina para analizar los incrementos. Y realizar una audiencia pública anual, para dar voz a los usuarios.
Cada aumento debería tomar en consideración los “índices oficiales propios de cada actividad y rubros que compongan el costo de cada servicio, lo que será establecido por el área de Costos y Tarifas del Ersep, sin perjuicio del examen anual en Audiencia Pública”, establece el proyecto.
El tope será el que se defina en los índices del REM. En el supuesto que los índices propios de actualización de la prestación superen los del REM, indefectiblemente deberá convocarse a audiencia pública, hacen la salvedad.
En este marco, queda excluida la actualización que proviene del sistema de Pass Through en los que el costo se establece por fuera de la jurisdicción de la prestataria, como ocurre con el servicio de energía eléctrica.
“Defienden más a las empresas”
Sobre el particular, el legislador provincial del bloque Construyendo Córdoba, Dante Rossi, advirtió que “el Ersep defiende más a las empresas que a los cordobeses”. “Hasta ahora, cuando una empresa pide un aumento en la tarifa, el área de costos del Ersep aprueba casi el mismo monto, sin avanzar en un estudio serio de la razonabilidad del mismo”, detalló.
“Esto se facilita por la composición del organismo, que funciona como un apéndice del gobierno. De los seis directores tres son afines al Gobierno. Además, lo que ocurre en la práctica es que el representante de las Asociaciones de Usuarios también pertenece al oficialismo. Ésta representación hace que prácticamente no exista posibilidad de modificar una decisión del Poder Ejecutivo”, objetó Rossi.
Y agregó: “Cada petición que hacen las distintas empresas es mansamente aceptada por cuatro directores, no escuchando jamás la voz de los miembros de los partidos opositores. Aumentos sin razón son avalados sin chistar, incluso por el director representante de los usuarios”.
Piden garantizar los derechos de los usuarios
Por su parte, el ex legislador y director Ejecutivo de la Fundación Ciudadanos, Marcelo Cossar, afirmó: “Llaryora y su obsesión: destruir todo lo que sea control y transparencia! Ahora, va por el Ersep”. “Se cargan toda una historia de lucha por los derechos de los usuarios, consumidores y libre competencia. Lo justifican hablando de la `sostenibilidad´ de los precios de los servicios públicos. ¿Y la gente, señor gobernador? ¿Quién vela por la `sostenibilidad´ de sus ingresos?”, arremetió Cossar.
A su turno, el vocal opositor en el Ersep por Juntos por el Cambio, Facundo Cortés Olmedo, manifestó su disidencia: “No puedo soslayar en relación a los aspectos vinculados con el tema a poner en consideración en la audiencia en cuestión, que partiendo de la premisa legal de que las modificaciones de las tarifas de los servicios públicos deben garantizar la participación y el derecho a ser oído por parte de los usuarios ‘ex ante’ y no ‘ex post’ de la decisión respectiva, el procedimiento que se pretende aprobar en el marco de este expediente, pone en crisis aquel principio liminar del derecho de los usuarios y consumidores que emana del art. 42 de la C.N.; de modo que en su oportunidad me expediré al respecto teniendo como norte la perspectiva expuesta”.
Para convalidar todo esto, se convocó a una audiencia pública digital el 16 de enero, con el título: “Procedimiento Especial para la determinación tarifaria de los servicios públicos bajo regulación y control del ERSeP: Aguas Cordobesas S.A., prestadoras de los servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba, Caminos de las Sierras S.A, prestadores de Transporte Interurbano de Pasajeros de la Provincia de Córdoba, Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), y prestadores del servicio de Energía Eléctrica de la provincia de Córdoba”.