La Legislatura cordobesa aprobó el miércoles pasado por unanimidad un pedido de informes en el que se solicitó al Poder Ejecutivo que brinde detalles sobre la relación entre el gobierno provincial y el empresario detenido Federico Máscolo, investigado por presunto lavado de dinero.
Para su tratamiento en el recinto se compatibilizaron dos proyectos. Uno presentado por los opositores Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal), Walter Gispert y Walter Nostrala (Frente Cívico); y otro al que también adhirieron estos parlamentarios junto con otros pares del interbloque de Juntos por el Cambio. En este último se pidió al Ejecutivo que dé a conocer detalladamente si contrató servicios u obras a empresas vinculadas con el empresario Máscolo.
Los legisladores solicitaron que se informe, a través de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, el estado de la matrícula individual de Máscolo como comerciante, además que se acompañe una copia fiel de la totalidad de contratos suscriptos entre el Estado provincial o entidades autárquicas o descentralizadas provincial con este empresario. Al tiempo que se brinde información de las fechas y montos de pago a Máscolo y a cualquiera de las sociedades que haya presentado.
“Es trascendental conocer a ciencia cierta cuál fue la relación que tuvo el Estado provincial con el señor Máscolo y las empresas vinculadas a él. El Gobierno de Córdoba nos expuso a todos los cordobeses a contratar con la firma Odebrecht sobre la cual existen sentencias firmes respecto de un accionar corrupto de la misma en distintas partes del mundo, motivo por el cual los antecedentes en el presente no nos sorprenden, pero sí nos alertan sobre un eventual manejo irregular de la obra pública en nuestra provincia que data de décadas”, advirtieron los legisladores de la oposición en los fundamentos.
“Se trata de un empresario que está acusado de lavado de activos. Ha sido proveedor del Estado provincial de determinadas obras públicas. Semana a semana aparecen nuevos hechos que resaltan la gravedad de las acusaciones y la necesidad urgente de esclarecer la situación”, expresó en el recinto Gispert, uno de los legisladores juecista que presentó el pedido de informe.
“Estamos muy conformes con la aprobación del proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre la relación entre el empresario Máscolo y los sucesivos gobiernos provinciales. Es una causa que apesta, hay sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte de un empresario que amasó una fortuna realizando una cantidad enorme de obras contratadas por la Provincia. La sociedad no tolera más la impunidad para los poderosos. La Justicia debe avanzar caiga quien caiga, es imprescindible para que los cordobeses recuperemos la credibilidad de quienes tienen relaciones con el Estado”, agregó Nostrala, presidente del bloque de legisladores juecistas.
Si bien se reconoció desde la oposición el acompañamiento al pedido de informe por parte del oficialismo, hubo críticas al gobierno provincial. “No he escuchado a ningún funcionario público aclarar esta situación. Me parece que la respuesta del Gobierno al pedido de informes representa una oportunidad crucial para obtener claridad en un plazo relativamente corto. En 10 días podríamos tener información”, insistió Gispert.
En el Concejo Deliberante, igual pedido
De igual modo, en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad ingresó un pedido de informes de los ediles juecistas, del PRO y de la UCR, en el que solicitaron al gobierno municipal para que brinde datos de los contratos realizados con el empresario. “Los cordobeses debemos saber cómo y con quién se lleva adelante el gasto de los dineros públicos y para ello es responsabilidad del Concejo Deliberante utilizar todos los mecanismos vigentes para lograr ese objetivo”, expresaron en los fundamentos.
En la Justicia
El fiscal federal número 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, junto con el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, están abocados a determinar cuál fue la fuente de dinero detrás de esta ingeniería del empresario, en la que se presume que habría servido para lavar dinero. En principio, tres exfuncionarios de la entonces gestión radical de Ramón Mestre y un ex funcionario provincial que pasó por las administraciones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti también formarían parte de los investigados.