El Frente de Todos (FdT) consiguió emitir dictamen de mayoría ayer en la Cámara de Diputados para el Presupuesto 2023 con una significativa modificación, que podría abrirle una nueva disputa con Juntos por el Cambio (JxC): introdujo la obligación del pago del impuesto a las Ganancias para todos los miembros del Poder Judicial; a la vez que amplió los subsidios del transporte del interior y de las partidas educativas sociales, entre otros cambios.
La novedad significa un paso arriesgado del oficialismo, ya que viene de perder el año pasado con la oposición, que le negó la aprobación de la llamada “ley de leyes” y obligó al Gobierno de Alberto Fernández a gestionar todo 2022 con el Presupuesto extendido de 2021. Pero además, el FdT rechazó cambios en el artículo que otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de las retenciones al campo, lo que cerró filas en la principal alianza opositora para no firmar el dictamen.
Su aprobación se logró gracias al apoyo de legisladores provinciales y de los movimientos sociales, además de los habituales aliados del FdT, luego de que el oficialismo aceptara aumentar los subsidios al transporte del interior del país y reforzara varias partidas sociales que habían sido recortadas en el texto original enviado por Sergio Massa. De esta manera, la iniciativa se discutirá el 25 de octubre en una sesión especial prevista para las 12:30, que se estima se extenderá por 20 o 22 horas, para luego enviarse al Senado donde el oficialismo espera convertirla en ley antes de la finalización de las sesiones ordinarias.
Por lo pronto, el FdT logró incorporar un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, con lo que podría sumar 237.000 millones de pesos a las arcas públicas en recaudación. La idea fue introducida por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto, quien señaló que “hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.
Se trata de una vieja disputa con el Poder Judicial, que suele vetar las iniciativas que lo afectan: ya en 2017 una ley dispuso que los jueces que ingresen al cuerpo paguen Ganancias pero a causa de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados que actualmente abonan el impuesto.
El artículo en cuestión fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Casaretto dijo que en 2022 el Estado no recaudará “129.000 millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; cifra que el año próximo será de 237.000 millones”. “Los trabajadores que ganan más de 330.000 pesos pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan 1.000.000 o 2.000.000 de pesos mensuales no pagan”, argumentó el diputado, quien señaló que quienes “tienen la capacidad de tributar el impuesto (…) deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial”.
Por lo demás, otra novedad fue sin duda la inclusión de un artículo para cobrarle a las obras sociales y prepagas un 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud, que será destinado al fondo de redistribución, que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos. Además, el oficialismo incorporó un artículo para establecer una deducción de hasta el 40% de los gastos educativos que tiene la familia -que incluyen las cuotas de los colegios privados- en el pago del impuesto a las Ganancias.
Protesta de la Asociación de Magistrados
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que preside Marcelo Gallo Tagle, anunció que hoy sentará posición sobre la inclusión de un artículo en la ley de Presupuesto 2023 que termina con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial, algo que calificó de “preocupante”.
“La reforma que se intenta introducir, llamativamente canalizada en un proyecto de ley que no persigue esos fines (…), evidentemente se corresponde con una nueva maniobra del partido de Gobierno para atentar contra la independencia judicial y dotarse a sí mismo de herramientas de presión”, anticipó la AMFJN, que acaba de ganar los comicios del cuerpo para el Consejo de la Magistratura.
A su vez, la Coalición Cívica (CC) anticipó que no acompañará la propuesta, aunque aclaró si se abstendrá, votará en contra o directamente no bajará al recinto para evitar el quórum.