La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que se investigue la pista de la pistola 9 milímetros que era insistentemente ofrecida en los grupos de WhatsApp de Revolución Federal y que se profundice el análisis del financiamiento de esa organización y su posible vinculación con el «Grupo Caputo», vinculado a la familia de un exfuncionario macrista.
La presentación fue realizada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira ante el juzgado a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi donde se encuentra radicada la causa por la que ya fueron procesados Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal por «incitación a la violencia colectiva».
En ese expediente fueron detectados los mensajes en los que una persona identificada como «Dali Revolución» ofrecía una pistola «9 mm» para la realización de un «actividad bala»: ante el hallazgo, el fiscal Gerardo Pollicita había requerido que se le impusiera al expediente el secreto de sumario y que se realizaran medidas de prueba para avanzar sobre esa pista.
El juez Martínez de Giorgi, sin embargo, optó por notificarle el hallazgo a la jueza María Eugenia Capuchetti bajo el criterio de que por su contenido y su temporalidad podía estar vinculado al expediente radicado en su juzgado, que es aquel en el que se investiga el intento de asesinato de la expresidenta.
Los letrados que representan a la querella vicepresidencial aseguraron en su presentación que «el cúmulo de pruebas producidas parece indicar» que los hechos por los que se investiga a Revolución Federal podrían ir más lejos que la incitación a la violencia y que podría haber mas personas involucradas.
«Dos líneas que se desprenden de los elementos de convicción producidos en la causa. Una tiene que ver con los mensajes enviados por «Dali Revolución»; otra, con la intervención del Grupo Caputo en el financiamiento de Revolución Federal», explicaron en el escrito al que accedió Télam.
Los mensajes emitidos por «Dali Revolución» y hallados en los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos de Morel son cuatro:
– El 22 de julio de 2022, «Dali Revolución» respondió a un video identificado como «Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner», con el mensaje: «Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (…) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan».
– El 22 de julio, tras una convocatoria de Sabrina Basile a «defender al campo» en la Sociedad Rural, insistió: «Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo fas (sic) pimienta».
– El 25 de agosto, «Dali Revolución» reaccionó a un video compartido por Jonathan Morel, denominado «La llegada de Cristina Kirchner rodeada de militancia», con el mensaje «Una granada ahí (…) Mi límite es la 9 mm que tengo».
– El 27 de agosto de 2022, «Dali Revolución» le dijo a Morel: «Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm».
En ese ínterin, recordó la querella, se produjo la conversación en el Twitter Space, en la que Morel sostuvo que, si no fuera conocida su cara para la militancia kirchnerista, se infiltraría entre aquellos que habían ido a apoyar a la Vicepresidenta a su casa en el marco de lo que fue el pedido de condena en su contra por parte del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.
«Los mensajes de ´Dali Revolución´ dan cuenta de que, posiblemente, Revolución Federal tuviese objetivos que iban mucho más allá de instigar al delito y hasta de imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Es que la referencia a una «actividad bala» del 27 de agosto de 2022 da cuenta de que en Revolución Federal parecen haberse discutido delitos concretos, vinculados con el uso de armas de fuego. Y, por el contexto, bien puede intuirse que no se trata de cualquier delito», señalaron los abogados Ubeira y Aldazabal.
«A su vez, el 28 de agosto, un día después de que ´Dali Revolución´ aludiera a la ‘actividad bala´, (Leonardo) Sosa y (Gastón) Guerra estuvieron en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, en el departamento de Juncal y Uruguay», recordaron los abogados.
«Esto refleja que, muy probablemente, la ´actividad bala´ tuviera como objetivo a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, como dijimos, el video al que respondió «Dali Revolución» el 25 de agosto era de la Vicepresidenta llegando a su domicilio», enfatizaron.
Para los abogados, la secuencia de mensajes refleja que Revolución Federal «no sólo habría tenido motivaciones abstractas de amedrentar políticos, sino que parece haber tenido intenciones más concretas de ejercer la violencia política» y por eso reclamaron también que se investigue si esa organización «trabajó en tándem» con los detenidos Fernando André Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo para llevar a cabo la «actividad bala».
En cuanto al posible financiamiento de Revolución Federal, los abogados de la Vicepresidenta sostuvieron que resulta poco probable que Rossana Caputo, integrante del Grupo Caputo y hermana de un exministro macrista, hubiera recurrido a Morel por su supuesta capacidad como carpintero y para que le hiciera trabajos para grandes emprendimientos.
También sostuvieron que los movimientos de dinero desde las arcas de Caputo Hermanos hacia Morel y las personas que el señalaba ocurrieron en fechas en las que se intensificaba la presencia de Revolución Federal en las calles.
«Si Caputo había ido a la carpintería de Morel (como está indicado en el expediente), sabía que no tenía capacidad para hacer esos trabajos. Además, los pocos trabajos que le había encargado los había hecho mal», señalaron los abogados.
«Rossana Caputo ya tenía contacto con otras carpinterías de la zona, que tenían un funcionamiento real y, de hecho, Morel terminó subcontratando. No tiene sentido que Caputo haya aceptado tener un intermediario para contratar a las carpinterías que ya contrataba», remarcaron tras referirse a la declaración testimonial de una persona cercana a la hermana del exfuncionario.
«Si bien Morel dice haber comenzado a realizar trabajos para Rossana Caputo en enero de 2022, lo cierto es que el gran caudal de dinero por parte de Caputo Hermanos hacia la carpintería comenzó a ingresar en el mes de mayo. Como se desprende de los informes realizados por la Procelac, muchos de los pagos a Jonathan Morel o a sus allegados coinciden con diferentes actos violentos de Revolución Federal», detallaron los abogados querellantes.
«Mayo también fue el mes en el que Morel y Sosa fundaron Revolución Federal: el 25 de mayo la agrupación tuvo su primera aparición pública. En el auto de procesamiento, en este sentido, vuestra señoría circunscribió a esta fecha el inicio de la actividad de Revolución Federal. Morel y sus ´socios´ recibieron varios millones el día antes. Sólo el 24 de mayo de 2022 se facturaron al fideicomiso Espacio Añelo del Grupo Caputo más de 2.400.000 pesos», explicaron.
«Entendemos que hay tres posibilidades respecto de la contratación de Morel. Una es que no haya hecho los muebles, o parte de los muebles, y que todas las transferencias hayan tenido por objeto, simplemente, financiar a Revolución Federal. Otra es que el Grupo Caputo le haya sobrepagado los trabajos, para darle dinero para financiar a Revolución Federal. Otra es que los trabajos se hayan hecho, y que contratar a Morel haya sido 22 una forma de ayudarlo a tener un sustento mientras organizaba Revolución Federal», concluyeron los abogados.