La Cámara Federal porteña revocó hoy el sobreseimiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como «Ruta del dinero K», al declarar nulo el dictamen fiscal que lo había postulado, por lo que ordenó seguir adelante con medidas de prueba pendientes antes de tomar una nueva decisión al respecto.
Se trata de una decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con disidencia de Eduardo Farah, quienes hicieron lugar a una apelación de la asociación civil «Bases», querellante en la causa, contra el sobreseimiento de la ex presidenta que había postulado el fiscal Guillermo Marijuan, según la resolución.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones aludieron a las evidencias de vínculos entre los Kirchner y el ya condenado empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa «Austral Construcciones». Pese a ello, y «a pesar de los vínculos hallados en el marco en la presente, así como en las otras investigaciones paralelas sobre el entramado de relaciones societarias -y a su vez éstas encadenadas entre sí a partir de los mismos personajes y objetivos-, en este recorte parcial de los eventos estableció que no había elementos que le permitieran avanzar más allá del estado de sospecha», cuestionó la Cámara sobre ese dictamen fiscal, ahora declarado nulo.
El dictamen demuestra una «contradicción lógica» y ello «sostiene su descalificación como acto jurídico válido. Por eso, «correspondería preguntarse de qué modo las pruebas aludidas con antelación pueden contrarrestar, a modo de verbigracia, las 372 llamadas telefónicas establecidas entre las dos personas en cuestión si lo que se perseguía probar era, precisamente, la inexistencia de una relación cercana», agregó en su voto el camarista Llorens, en relación a los vínculos entre los Kirchner y Báez.
También se preguntó «cómo se explica el hecho de que Néstor y Cristina Kirchner, representados por su hijo Máximo, hayan vendido nueve inmuebles a ´Austral Construcciones S.A.´, relacionada con Lázaro o Martín Báez, así como la venta de otro inmueble del matrimonio aludido a la firma Epelco, también de los Báez».
«Paralelamente, persiste el interrogante respecto a los motivos por los cuales Cristina Fernández entregó un bien en permuta y otro en concepto de dación de pago a la empresa antedicha», agregó.
Al pedir el sobreseimiento de la ex presidenta, Marijuan había sostenido no tener prueba suficiente para vincularla con las maniobras de lavado de activos por las que sí fue condenado Báez.
El fiscal, al postular el sobreseimiento, «no analizó la secuencia de expatriación de dinero por intermedio de la financiera Provalor cuyo dinero ´físico´ nunca salió del país, y que retornaba de las cuentas en el extranjero para hacer frente a los pagos de los hoteles. En ese entramado, nunca se detuvo a analizar qué función tuvieron dentro de ese esquema Osvaldo Sanfelice, Raúl Copetti y Máximo Kirchner, entre otros», sostuvo además Llorens.
La Cámara rechazó apartar de la causa al juez federal Sebastián Casanello y le encomendó seguir adelante con medidas de prueba pendientes para luego resolver las situaciones procesales aún sin definir, entre ellas la de la ex presidenta.