El legislador del bloque Juntos UCR, Dante Rossi, insistió ayer en el tratamiento del proyecto de reforma a la ley de seguridad, pidiendo su rehabilitación. “Córdoba tiene cerca de 22.000 policías pero de lo que carece es de un plan en materia de seguridad”, advirtió el parlamentario radical.
Al respecto, consideró que “pretenden mejorar la seguridad de los cordobeses con mucho marketing y publicidad: anunciaron hace unos años la creación de la Policía de proximidad o barrial, que era una buena idea y que ha fracasado porque abandonaron el plan. En los barrios no conocen al policía que los cuida en el cuadrante”.
En tanto, Rossi detalló que su proyecto propone, entre otras cosas: 1) Creación de una comisión de modificación de la ley de seguridad pública a los efectos de involucrar a los municipios de más de 30.000 habitantes a la tarea de prevención en materia de seguridad; 2) Crear una Dirección General de Seguridad para cada uno de esos municipios, estableciendo que su nombramiento será ad referéndum de los concejos deliberantes locales; y 3) Avanzar concretamente y con participación activa de los municipios en la organización de la Policía de la Provincia bajo el concepto de proximidad social.
Otra de las propuestas del legislador de la UCR es que los ascensos de los encargados de los cuadrantes se realicen con una audiencia previa barrial, con participación de vecinos y Ong´s vinculadas a la seguridad. También impulsa la colocación de buzones del ciudadano en cada uno de esos cuadrantes.
La iniciativa además prevé un plan de colocación de alarmas comunitarias con un crédito a tasa cero para su compra otorgado por el Banco de Córdoba; centros de monitoreo de las cámaras de seguridad controladas con participación de los municipios; la creación en la órbita municipal de agentes de vigilancia sin portación de armas; implementación de un programa de jornada alterna a la escolar en los lugares donde se detecte mayor índice de delitos, con participación de los clubes de barrio; y la creación de un centro de evaluación, financiamiento y puesta en marcha de proyectos de prevención social que elaboren universidades, centros educativos y el sector privado.
