Uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que debía revisar la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados de la causa «Vialidad» se excusó hoy de intervenir, porque ya había opinado sobre el caso al resolver en el marco de la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez.
Se trata del juez de la sala IV del máximo tribunal penal, Javier Carbajo, quien al confirmar la condena a Báez en la causa por lavado de dinero sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir, informaron fuentes judiciales.
«Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones SA en aquella operatoria ilegal, que han sido también sopesados en la resolución aquí recurrida para dictar un temperamento condenatorio en su contra, por lo que considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado», sostuvo Carbajo en su excusación.
La sala IV de Casación está también integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes deberían decidir si aceptan o no la excusación de su colega, aunque la defensa de Cristina Fernández de Kirchner los recusó este mediodía y solicitó, de modo paralelo, que no sean ellos los que intervengan en el tratamiento del apartamiento de Carbajo.
Este mediodía, los abogados que representan a la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, recusaron a los tres jueces de la Casación que integran la sala que debe intervenir en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según surge de la presentación a la que accedió Télam.
«En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado», sostuvieron los abogados.
La defensa de la vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión sobre el tema, mientras que a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.
«Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales», señalaron los abogados Beraldi y Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las distintas partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que fue apelado, entre otros, por la vicepresidenta que reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que reclamaron agravar las condenas.
Al apelar el fallo condenatorio, la defensa de la exmandataria reclamó su absolución por considerar que fue «injustamente condenada» con «graves errores y arbitrariedades» y que existe «un supuesto de enorme gravedad institucional».
«Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular», agregaron.
La condena «se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico», advirtieron los abogados de la vicepresidenta.
Por su parte, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso la prensa.
En aquella presentación, los representantes del ministerio público fiscal también reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.