La Legislatura aprobó el miércoles en su segunda lectura el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2022 (ley 34.131), junto a un grupo de normas económicas para el próximo año, incluyendo a las leyes de, la de Modificaciones al Código Tributario y otras normas tributarias (34.132), y la ley Impositiva (34.133). Además, se aprobaron pliegos de jueces y se llevó a cabo la rotación de bancas del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
Durante la 38° sesión ordinaria de la Unicameral, presidida por el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, los legisladores cordobeses aprobaron las erogaciones estimadas en $ 753.341.000.000 como monto total del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Asimismo, el presupuesto prevé ingresos por un total de $ 764.037.584.000. De esa masa de fondos, $ 482.225.255.000 corresponden a ingresos del Tesoro Provincial de libre disponibilidad, mientras que $ 281.812.329.000 lo son de afectación específica.
Sobre la digitación de los números presupuestarios, la legisladora de Hacemos por Córdoba (HpC) Julieta Rinaldi dijo durante su intervención que “no es tarea fácil proyectar y distribuir ingresos, sobre todo viniendo de una crisis macroeconómica a nivel nacional”. “Lo que venimos estudiando hace semanas no es más que la plataforma fáctica y jurídica necesaria para poder seguir invirtiendo en obras, generando políticas públicas orientadas al empleo y la inclusión”, expresó Rinaldi, al tiempo que agregó que esto incluye “los avances tecnológicos en orden a la modernización de la transformación digital, todo ello con miras al goce de derechos por todos y cada uno de los cordobeses y cordobesas”.
En tanto, El legislador oficialista de Río Cuarto Franco Miranda recordó que “Para 2022 se destinarán más de $ 5.700.000.000 a programas de empleo, que beneficiarán de manera directa a 8.000 mujeres, 15.000 jóvenes del Programa Primer Paso, 6.000 adultos varones y 3.000 profesionales, sumando 32.000 beneficiarios y beneficiarias, más aquellos que complementan la formación en nuevas tecnologías, la capacitación y la inserción laboral”.
Durante la sesión ordinaria también se designaron ocho fiscales de instrucción de diferentes distritos y turnos de Córdoba Capital y tres magistrados. A su vez, la legisladora Noel Argañaraz del FIT presentó su renuncia, jurando en su lugar la legisladora Noelia Agüero.
La oposición criticó las prioridades del oficialismo
Legisladores opositores de distintos bloques exhibieron sus críticas al presupuesto. Al respecto, la legisladora del FIT, Luciana Echevarría, dijo que estaban frente a un “presupuesto ficticio”. “En pleno debate de las proyecciones presupuestarias (el Gobernador) crea un Ministerio nuevo para colocar a Cassinerio que, obviamente, no tiene partida presupuestaria, por lo tanto, se le asignaran fondos a discrecionalidad del Ejecutivo”, indicó la legisladora y agregó: “mientras el gasto social en los últimos 10 años redujo 10 puntos su participación en el presupuesto, los gastos económicos (empresarios del campo, industriales) crecieron 11,9%”. En tanto, el radical Dante Rossi sostuvo que el oficialismo “es un gobierno enamorado del cemento, del marketing y de la publicidad, pero de poca sensibilidad”. Al respecto, recordó los “magros” salarios que cobran los docentes y el personal de salud. En tanto, la legisladora María Rosa Marcone de Encuentro Vecinal Córdoba criticó las prioridades de ejecución del presupuesto y dio cuenta de la precarización laboral de las trabajadoras del Polo de la Mujer y la subejecución de distintos programas sociales de la Provincia.
Repudiaron la prórroga del contrato con Set
En medio del debate del presupuesto, el oficialismo aprobó la concesión para explotar los slots de tragamonedas y los legisladores vecinalistas cuestionaron la decisión, mientras que los radicales afirmaron que tenían un despacho diferente. De este modo, el oficialismo extendió el contrato de la empresa Set con Lotería de Córdoba para las máquinas tragamonedas hasta 2027. Gerardo Grosso, del partido Encuentro Vecinal, notó que estaba escondido el contrato para explotar unas 5.400 máquinas en 17 localidades de la provincia. “Cuando nos ponemos a observar el presupuesto (…) nos damos cuenta de que esto fue adrede, porque no es un tema que se haya tratado ni explicado en la Cámara”. Grosso aseguró que en la Unicameral “no se dio tiempo de debatir el tema”. Por su parte, Antonio Rins, legislador de Juntos por el Cambio, expresó que “el despacho recibido hasta el mediodía en el artículo 24, establecía una prórroga del 30 junio 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022”. “Si ha habido un cambio posterior, no lo sabemos. Nos desentendimos del proyecto al rechazarlo”.