La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos judiciales y elevó la tensión política en el Congreso, donde la oposición impulsa una ofensiva para citarlo a dar explicaciones sobre su patrimonio y el financiamiento de viajes al exterior en aviones privados.
Uno de los últimos movimientos en el expediente fue la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Durante más de dos horas, la profesional detalló las condiciones en las que se concretó la compra del departamento donde reside el funcionario, ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Según explicó, el inmueble fue adquirido mediante una operatoria de compraventa con hipoteca por saldo de precio, en la que dos jubiladas cedieron la propiedad a pagar en 12 cuotas fijas y sin interés, por un monto total de 200 mil dólares, con cancelación prevista para noviembre de 2026. La escribana remarcó que no se trató de un préstamo de dinero sino de una modalidad de compraventa financiada.
A partir de esa declaración, la Justicia profundizó la investigación con nuevas medidas probatorias. Entre ellas, ordenó allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas a la operación para secuestrar documentación relacionada con la transacción.
Además, fueron citadas a declarar las cuatro mujeres que figuran como prestamistas de las hipotecas privadas utilizadas para la compra de propiedades atribuidas al funcionario. Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la adquisición del departamento de Caballito, y de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, relacionadas con otra operación inmobiliaria en la misma zona.
La pesquisa también se enfoca en otros aspectos del patrimonio de Adorni, entre ellos las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, así como el origen de los fondos empleados para costear viajes internacionales en aeronaves privadas.
En paralelo, el fiscal obtuvo el levantamiento del secreto bancario tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y contrastarlo con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario.
En el plano político, el avance judicial fortaleció la ofensiva del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, que busca convocar a una sesión especial entre el 22 y el 28 de abril para avanzar con una interpelación formal al funcionario.
La oposición necesita reunir 129 diputados para alcanzar el quórum necesario y obligar a Adorni a comparecer en el recinto, donde debería responder sobre el crecimiento de su patrimonio, las condiciones de compra de sus inmuebles y el financiamiento de sus traslados en vuelos privados.
Mientras tanto, la Justicia aguarda el resultado de los allanamientos y las declaraciones testimoniales pendientes para definir los próximos pasos de una investigación que sigue escalando y complica cada vez más el panorama judicial y político del funcionario.
El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni