Sin dar certezas, el Gobierno recalcula y convocará a una mesa de diálogo a los rectores

Así lo anticiparon fuentes oficiales. Milei y Villarruel volvieron a cuestionar la protesta universitaria. Se cayó la sesión en Diputados para tratar el financiamiento educativo

Sin dar certezas, el Gobierno recalcula y convocará a una mesa de diálogo a los rectores

La movilización reunió a una verdadera marea humana en Caba.

El día después de la masiva movilización en reclamo de la actualización del presupuesto educativo, el Gobierno nacional tomó nota, le bajó el tono a la confrontación y anunció que recibirá a los rectores de las universidades el 30 de abril, a la vez que prometió que las altas casas de estudio “no van a cerrar”.

Pese a la pedantería que caracteriza la comunicación de Javier Milei, lo cierto es que acusó el golpe de la multitudinaria marcha universitaria en reclamo de mayor presupuesto, que reunió a multitudes transversales e intergeneracionales en todo el país –se calcula que más de un millón de personas participaron a nivel nacional-. La estrategia de la administración libertaria fue concentrar las críticas en la participación de referentes opositores como Sergio Massa, Axel Kicillof o Martín Lousteau, entre otros, y criticar el “uso político” de una “causa justa”.

“Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta”, planteó Milei en un extenso mensaje que publicó en la red X, donde sin embargo aclaró que “en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales”.

“No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos”, insistió Milei, quien si bien dijo que “no vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública”, al mismo tiempo prometió que “vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel enfatizó esa idea al resaltar que “la educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia una obligación”. “Está muy bien luchar por la universidad, pero de calidad, libre y para todos, donde pienses y no te bochen por decir lo que pensás, donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame (Ernesto) Che Guevara, (Karl) Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia”, planteó Villarruel, quien elogió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero destacó que “fue usada por los que pusieron de rodillas la educación”.

Lo cierto es que, más allá de estos ataques, el Gobierno convocará a los rectores para el próximo martes, en un encuentro que estaría encabezado por Alejandro Álvarez, el titular de la Subsecretaria de Políticas Universitarias, aunque otras versiones indican que ahora el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se hará cargo de las negociaciones con los rectores -en lugar de Álvarez-.

Fracaso en Diputados por el financiamiento

Pese a la masividad de la marcha universitaria, Unión por la Patria (UxP) no consiguió quórum ayer en la Cámara de Diputados para iniciar la sesión especial pedida para tratar la emergencia presupuestaria de las universidades públicas, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

A las 11:30, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión, se habían sentado en sus bancas 124 legisladores nacionales de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento, entre ellos la mitad del bloque radical, un sector minoritario de Hacemos Coalición Federal (HCF) y los cinco diputados del Frente de Izquierda.

Pese al fracaso de la iniciativa, el dato relevante fue la fragmentación del bloque de la Unión Cívica Radical que preside Rodrigo De Loredo: de sus 30 diputados, 14 dieron quórum, con la excepción del legislador cordobés.

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