Apenas unas horas después del discurso en cadena nacional emitido por el presidente Javier Milei el lunes a la noche, donde afirmó que «terminó la era del Estado presente”, la sociedad argentina le dio una contundente respuesta en las calles de todo el país, donde cientos de miles de personas se manifestaron en defensa de la universidad pública y gratuita y cuestionaron el desfinanciamiento impulsado por la gestión libertaria.
Fue la marcha más multitudinaria registrada hasta la fecha contra el Gobierno de Milei, con hitos importantes en algunas capitales del interior como Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Estudiantes, docentes, no-docentes, egresados y trabajadores en general, junto a dirigentes, legisladores y líderes sindicales de los más diversos partidos, se movilizaron en defensa de la universidad pública, cuyo presupuesto fue congelado a valores de inicios de 2023 por Milei.
La convocatoria fue particularmente multitudinaria en Capital Federal, donde adquirió ribetes históricos y donde el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resultó verdaderamente impracticable ante las masivas columnas que durante toda la jornada coparon las zonas del Congreso y la Plaza Houssay, desde donde se movilizaron hacia Plaza de Mayo.
Ya allí, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, cerró la jornada con la lectura de un documento de consenso entre las universidades y las organizaciones adherentes. “No estamos dispuestos a resignar nuestro futuro”, resaltó la dirigente universitaria, quien afirmó que las obras en las casas de estudios “están paralizadas y sin certezas sobre su continuidad”. “Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento”, enfatizó y alertó: “Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022”.
Por ello, se calificó de “insuficiente” el giro de fondos que anunció el Gobierno antes de la marcha: “El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”, lamentó Fernández de Piccoli, quien precisó que “más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación”.
“No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso. Por eso, lucharemos, en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos”, finalizó el documento conjunto. Antes de la lectura del texto, hablaron la referente de Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y los dirigentes de gremios docentes Sonia Alesso (CTERA), Sergio Romero (UDA) y Daniel Ricci (FEDUN), entre otros.
Un recorte de fondos del 71%
Según el presupuesto oficial, las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud tenían para este año asignados $1.385.290 millones ($1,3 billones), el mismo monto que a inicios de 2023, pese a la fuerte inflación del año pasado y lo que vamos de 2024 (supera el 300%).
El 26 de marzo hubo una ampliación presupuestaria de $30.629 millones, apenas el 2,21%, para los “gastos de funcionamiento” de las universidades –que representan menos del 10% de las erogaciones de las casas de estudio, ya que el 90% va a sueldos-.
El lunes, a última hora, el Ministerio de Capital Humano anunció que transfirió a las universidades poco más de $24.000 millones más para esos “gastos de funcionamiento”, un aumento que calificó “del 70%” aunque en los hechos representa solo el 7,9% del presupuesto total.
Con esos incrementos, el presupuesto vigente pasó a $1.440.397 millones ($1,4 billones), o sea apenas un 4,1% más frente a la citada inflación.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) precisó que, con esta última ampliación y la inflación proyectada para 2024 (265%), el presupuesto asignado a las casas de estudio equivale a un 71% menos que en 2023.