Luego de que el gobierno provincial reglamentara en agosto del año pasado la ley 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, que prevé alcanzar en 10 años la implantación de árboles en unas 100.000 hectáreas en toda la provincia, especialistas en ambiente y especies nativas advirtieron que la promoción de esta norma quitó de la escena la discusión por la ley de bosques, iniciativa que quedó soslayada del plano legislativo durante 2018 por falta de consenso no solo en el plano legislativo, sino fundamentalmente en el plano social, por medio de masivas movilizaciones. A partir de allí, quedó pendiente que la Provincia presente la actualización del mapa ambiental. Por tal motivo, ahora el principal reclamo es a la Secretaría de Ambiente provincial para que actualice el mapa de ordenamiento territorial de bosques, que debe realizarse cada cinco años, según lo establece la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
“No sabemos si la Secretaría de Ambiente está trabajando en ese sentido, habría que hacer un pedido de informe y ver los avances porque no hay ninguna comunicación. Tiene que ser participativo y no hay ninguna convocatoria abierta, ningún diálogo con las organizaciones”, alertó Natalia De Luca, ingeniera agroforestal y especialista en especies nativas. En ese sentido, De Luca recordó que “la Provincia está obligada a actualizar el mapa, porque como los bosques son dinámicos se supone que si la ley se aplica y se aplica bien, una zona amarilla puede ser zona roja, entonces hay que actualizar e ir haciendo ajustes”, remarcó. Como dato, vale recordar que en julio de 2018 Policía Ambiental había informado que sólo quedaba un 5% de superficie con bosque nativo, y que sus agentes recurren a satélites para frenar el desmonte.
Por su parte, Antonia Oggero, investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y docente del Departamento de Ciencias Biológicas, dijo en declaraciones al Puntal que “el ordenamiento territorial es fundamental” y que hoy “todo se disfrazó dentro de la ley agroforestal”. Además, se refirió a la falta de seguimiento hacia los infractores de la ley de bosques. “Córdoba tiene leyes, disposiciones, reglamentaciones; de todo pero no se cumplen. No hay una policía ambiental que haga cumplir las leyes”, apuntó Oggero.