El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vuelve a pararse frente al gobierno nacional para reclamar fondos destinados a financiar la investigación científica y tecnológica, y para garantizar el funcionamiento del Conicet. Lo decidió el lunes último su Comité Ejecutivo, que en una reunión comandó al presidente y vicepresidente del cuerpo, Hugo Juri y Jaime Percyzk, respectivamente, para que continúen gestionando ante el gobierno nacional la remisión de fondos para esas áreas centrales tendientes al quehacer de las universidad públicas de todo el país.
El propio rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) informó a la prensa que para el área de ciencia y tecnología reclamarán 420 millones de pesos en fondos no devengados en 2018, que estaban previstos para las casas de estudios. Respecto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Juri explicó que “el Conicet nos había pedido realizar gestiones ante el Ministerio de Educación de la Nación. Y ya fuimos con Jaime Perczyk a reclamar que se giren los 500 millones de pesos que fueron incluidos por la Cámara de Diputados específicamente para el organismo. Lo que estamos pidiendo es que estos fondos se giren al Conicet y no a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación”.
En la reunión del Comité Ejecutivo del CIN, el ex rector de la UNC, Francisco Tamarit, miembro del directorio del Conicet, había planteado la situación crítica por la que atraviesa el organismo a causa de la falta de fondos, y recordó que casi el 70 % de los investigadores de todo el país trabaja en las universidades públicas. Esa partida extraordinaria de fondos ya había sido aprobada en el Presupuesto 2019, pero los miembros del CIN temen que sea congelada en la Secretaria de Ciencia y Tecnología y no sea ejecutada hacia el organismo, que durante la gestión de Cambiemos viene sufriendo un progresivo desfinanciamiento.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo del CIN tomó el lunes otra medida de fuerte trascendencia: asumió el compromiso de generar una propuesta para que, en el plenario de rectores que se realizará en abril en Córdoba, sancionen una normativa que invite a las universidades nacionales a adherir a la “ley Micaela”, que establece una capacitación obligatoria sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías.