Un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se conoció el viernes abre el camino para que las empresas públicas cumplan con el cupo para personas con discapacidad basándose en la ley provincial 5624 y la nacional 22543, que exigen que se garantice un cupo del 5% y el 4%, respectivamente.
Todo comenzó cuando Alfredo Diez, un abogado al que le diagnosticaron lupus, pidió ser incorporado a la empresa considerando el marco establecido por las normativas antes mencionadas.
En su momento, la empresa provincial le denegó dicho requerimiento y Diez fue a la Justicia a reclamar por su situación. En 2017, la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de Río Cuarto le dio la razón pero Epec apeló esa sentencia.
Dos años después, el TSJ resolvió exigirle a las empresas públicas la diagramación de un sistema de concurso a fin de facilitar el ingreso de personas con discapacidad tal cual lo exigen las normas provinciales y nacionales. Y le dió un año de plazo a la Epec para resolverlo.
Si bien el TSJ no falló a favor de su requerimiento, el abogado consideró que el fallo representa “un logro grande” ya que “el objetivo fundamental era la posibilidad de abrir puertas a personas con discapacidad para el ingreso a una empresa pública en función del cumplimiento de la ley de cupo de discapacidad”, señaló en diálogo con Cadena 3.