El cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad sigue siendo una deuda en los organismos públicos del Estado nacional en Córdoba. Así lo indica un estudio de la UNC sobre el empleo público de personas con discapacidad, en dependencias de jurisdicción nacional, en la ciudad de Córdoba. El proyecto de investigación detectó que 70% de los organismos públicos nacionales relevados hasta ahora no cumplen con la ley que exige un cupo mínimo del 4%.
La investigación, financiada por el Observatorio Social Cultural para el Desarrollo Sostenible (OSCDS) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, espera realizar un análisis cualitativo en por lo menos 20 organismos en la ciudad de Córdoba. Hasta el momento se relevó al 50% de las instituciones incluidas en la muestra.
Carla Saad y María Alejandra Sticca, investigadoras del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UNC, dirigen el proyecto. A su vez, el equipo cuenta con integrantes de la Facultad y de Psicología (coordinados por la docente Sabrina Sanchez).
Otro de los objetivos del proyecto es la elaboración de un instrumento para replicar esa tarea en otras jurisdicciones. “Buscamos cooperar en la construcción de políticas públicas eficaces para el real cumplimiento del cupo laboral en el empleo público”, indica Saad.
¿Qué dice la ley 22.431?
En Argentina, la ley 22.431 estipula en su octavo artículo, un cupo de personas discapacitadas que deben integrar la fuerza laboral en los tres niveles del estado, en los estamentos descentralizados del gobierno, entes autárquicos y empresas estatales y empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Dicha proporción no puede ser inferior al 4%.
En este sentido, esta ley exige incorporar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra desde 1992 cada 3 de diciembre por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Para este año, el lema propuesto por Naciones Unidas es «Nada sobre nosotros sin nosotros». En él se pone de relieve la importancia de que las personas con discapacidad sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus vidas. En consonancia con este lema y la agenda mundial sobre discapacidad de promover el liderazgo y la participación activa de las personas con discapacidad, el derecho al trabajo se presenta como un pilar clave.
El acceso al trabajo, la primera barreras de otras tantas
El relevamiento realizado para el proyecto de la UNC detectó que el acceso al trabajo es sólo la primera barrera a la que se enfrenta este sector de la sociedad.
Algunas barreras que limitan el empleo de las personas con discapacidad son de carácter físico: problemas edilicios, rampas, entre otras.
Además, otros tipos de barreras como las actitudinales, tanto en las organizaciones como en el público usuario de los servicios. Como señaló una persona de apoyo de un trabajador con discapacidad intelectual: “Hay personas que no los reconocen como trabajadores y piden ser atendidos por otra persona”.
Las barreras sociales y programáticas tienen que ver con criterios perjudiciales para estas personas, como restricciones etarias o el desajuste entre las competencias y el diseño de los puestos de trabajo.
Algunas posibles soluciones propuestas por las personas entrevistadas en el estudio abarcan: el trabajo proactivo para “hacer accesible los edificios desde cero cuando los están construyendo”, sumar acompañante terapéutico cuando la persona con discapacidad comienza a trabajar y un equipo soporte que pueda interceder ante conflictos, entre otras.
Fuente: Unciencia.