Madres protectoras de niñas y niños que aseguran haber sufrido abusos sexuales en tres diferentes jardines de Córdoba entre 2015 y 2019 se movilizarán hoy a las 9 junto a la Asamblea Ni Una Menos hasta el organismo provincial de niñez (Senaf) para denunciar la «sistemática aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP)» por parte de una fiscal para desestimar estas causas.
Además, exigirán a esta dependencia que intervenga en favor de la aplicación de los principios reafirmados en un pronunciamiento reciente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a nivel nacional denominado «La aplicación del SAP produce severas afectaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes», que también firmaron un conjunto de 85 funcionarios y especialistas sobre infancias.
El reclamo es contra el accionar del cuerpo técnico de peritos y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1 de Córdoba a cargo de Alicia Chirino, a quien responsabilizan de entorpecer el acceso a la justicia a las 16 niñas y niños que denunciaron haber sido abusados en el jardín «Collegium» en 2015, a las 7 niñas y niños de 3 y 4 años que hicieron lo propio a partir de lo experimentado en «La Casita del Hornero» en 2019 y la niña que afirma haberlo padecido en el jardín municipal «Juan Gaviota» para la misma época; los únicos judicializados de un espectro de casos mucho más amplio.
El término SAP fue creado por el psiquiatra infantil Richard Gardner en 1985 para describir un conjunto de comportamientos que adoptarían los niños supuestamente manipulados psicológicamente por un adulto -generalmente la madre- para mostrar miedo injustificado, falta de respeto u hostilidad hacia otra persona -generalmente el padre y en el marco de divorcios conflictivos o disputas por la custodia.
En virtud de la aplicación de este constructo desestimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el manual DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría (AAP), esta fiscalía -aseguraron-, «impide que niñas y niños víctimas de abuso sexual hacia las infancias accedan al derecho de dar su testimonio y ser escuchados en Cámara Gesell».
«El pasado 24 de junio, la fiscalía a cargo de Alicia Chirino se expidió negando la posibilidad de acceder a Cámara Gesell a una niña de 5 años que sufrió abusos sexuales en el Jardín Maternal Municipal Casita del Hornero», sostienen en un comunicado el colectivo de Madres de víctimas de abuso sexual hacia las infancias.
«Mediante eufemismos, la fiscalía y su equipo de peritos, a cargo de Laura Beltramino, utilizan el SAP e intentan bloquear la justicia en la causa, que reúne en total siete denuncias, de las cuales las otras seis esperan poder acceder a esa instancia», agregaron.
Florencia B., una de las impulsoras de la presentación y madre de una niña que a los cuatro años relató haber sufrido abuso sexual en «Collegium» por parte de dos profesores.
«En Córdoba vemos pedófilos y productores de pornografía infantil que funcionan como una red y con total impunidad, porque la justicia hace todo lo contrario a lo que indican los protocolos y luego llegan a la conclusión de que los niños nunca relatan abuso», dijo.
Por su parte, la referente de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, Natalia Di Marco, aseguró que en la provincia «tenemos un poder judicial muy conservador y fundamentalista» que «pone trabas al acceso a un montón de derechos» y termina siendo «funcional a la impunidad de los abusadores y violentos»
«Las compañeras se organizaron porque hay una sistematicidad en el desistimiento de denuncias, un patrón en la toma de decisiones y un canal a través del cual la justicia garantiza la impunidad, y eso se denuncia», dijo.
(Fuente: Télam)