El anuncio de la Secretaría de Ambiente de la Provincia sobre la fijación de nuevos criterios claros” con el fin de activar los trámites de expedientes relacionados con las subdivisiones de hasta 25 lotes en Córdoba encendió luces de alerta en el tablero de las organizaciones ambientalistas. Si bien los responsables de la dependencia estatal aclararon que agilizar no debe entenderse como flexibilización”, los defensores de los recursos naturales descreen del aviso. Los antecedentes de la repartición –señalan– justifican la desconfianza.
La medida, en caso de que se aplique, beneficiaría a entre 200 y 250 proyectos inmobiliarios de escasa envergadura destinados a inversores con capacidad de ahorro acotada, según la escasa información oficial conocida hasta ahora. En Ambiente reconocen que la decisión responde a una demanda que viene desde hace tiempo, pero que se aceleró por el relanzamiento del plan Procrear para la compra de terrenos y la construcción de viviendas. Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, manifestó la profunda preocupación” que genera en el sector la decisión del Gobierno y plantea: ¿En qué instancia se analizará si una subdivisión se pretende realizar en bosque nativo categoría rojo o amarillo, o sea, con máxima o intermedia categoría de conservación?”.
Advierten que la decisión tensa el marco normativo y temen un avance sobre el bosque nativo
Siguiendo la idea, el biólogo recordó que en ninguno de los dos casos se puede realizar el cambio de uso de suelo según la Ley 9.814 (Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo) y su subdivisión, al igual que con un loteo hará que el bosque desaparezca para transformarse en un espacio de residencia humana”, razonó en diálogo con el periodista Héctor Brondo.
Otra conjetura que dedujo es que con la figura de subdivisión se podría soslayar el mandato de la ley 10.208 (Política Ambiental de la Provincia) de realizar estudio de impacto ambiental y audiencia pública, exigidos para loteos de más de tres hectáreas; ubicados dentro de la cuenca de aporte de embalses destinados a riego o a provisión de agua potable; o situados en bosques protectores o áreas naturales protegidas”, entre otros. En tanto, Christine Edward, de la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, remarcó que la sola intención de recortar una instancia participativa como son las audiencias públicas va ligada a la oportunidad de avanzar eventualmente sobre zonas rojas y amarillas”.