La Asociación Inquilinos Córdoba celebró la decisión del gobierno nacional de prorrogar hasta enero de 2021 inclusive, el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. La importante reducción en los ingresos de casi el 50% de los inquilinos e inquilinas hacía imposible poder afrontar obligaciones de distintos contratos de alquiler, lo cual derivaría en una ola de desalojos en el marco de una situación sanitaria que está en sus niveles críticos”, explicó la entidad.
Al respecto, Inquilinos Córdoba indicó que recibimos testimonios de personal a quienes se las instaba a renovar con aumentos superiores al 30% o se les proponía practicas extorsivas tratando de obligarlas a firmar en los términos de la antigua ley e incluso antedatar contratos”. Además, recordó que seguimos insistiendo y trabajando con el gobierno nacional en el desendeudamiento de inquilinos e inquilinas, como así también la necesidad de que exista un órgano de aplicación estatal que tenga un poder de policía para que aplique sanciones a aquellas inmobiliarias que no cumplen con las leyes”.
Vittar: La realidad cotidiana de las familias inquilinas requiere la regulación y acompañamiento del Estado”
Sobre el particular, el presidente de Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vittar, señaló que esta situación única ha puesto de manifiesto una vez más que la realidad cotidiana de las familias inquilinas requiere la regulación y el acompañamiento del Estado”.
Es una realidad insoslayable que el mercado inmobiliario no se hizo, se hace ni se hará cargo de asegurar el acceso a alquilar en condiciones justas y mucho menos de sostener los alquileres y preservar a las familias inquilinas en condiciones críticas y extremas. Es por este motivo, que desde nuestra asociación reiteramos nuestro beneplácito por la decisión política del gobierno nacional donde reafirma que la vivienda es un derecho, no un bien de mercado, en este momento crítico y descomprime la presión social y conflicto que estaba generando sobre las familias inquilinas que tenían que elegir entre comer o tener un techo donde vivir”, resumió Vittar.