El intendente de Santa Cruz del Lago, Omar De Giovanni, denunció ayer que la realización de obras en terrenos afectados por los incendios del año pasado configura un atropello” porque ni el municipio ni la provincia otorgaron permisos para avanzar en los trabajos, que fueron paralizados tras la intervención de las autoridades ante la denuncia de los vecinos. Ayer (el martes), cuando nos enteramos que estaban esas máquinas trabajando, no dudé un solo instante y mandé la Guardia Urbana y la inspectoría para parar todo, y posteriormente le hicieron las actas correspondientes”, manifestó de Giovanni, quien también se reunió con autoridades de la Policía Ambiental”.
He llamado a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante porque acá no podemos dejar nada al descubierto y menos algo que se haga así por la fuerza, y sin haber tenido la autorización del municipio”, profundizó el jefe comunal. La cuestión se complejiza porque la costa sudoeste del lago San Roque es disputada entre distintos municipios y las constructoras aprovechan la confusión para impulsar edificaciones sin las autorizaciones correspondientes.
En todo el Valle de Punilla, gente que tiene estas intenciones elige un predio y decide alambrar sin que uno se de cuenta y entra con máquinas, desmonta y arma y cuando nos damos cuenta, ya la obra está en inicio”, denunció por su parte Silvia Orecchi, vecina de la zona. Las sospechas que se multiplicaron el año pasado ante los devastadores incendios que consumieron más de 300.000 hectáreas en nuestra provincia volvieron inesperadamente el sábado cuando los vecinos de Villa Santa Cruz del Lago denunciaron los loteos y trabajos de acondicionamiento en terrenos afectados por las llamas, que pertenecen a zonas protegidas catalogadas como amarillas”.
En efecto, en imágenes difundidas por los residentes de la zona conocida como El Pato se observan conexiones de agua potable y topadoras abriendo caminos en zonas afectadas por los incendios de 2020, algo ilegal en virtud de la categorización amarilla” otorgada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia a la zona y también por la nueva Ley Nacional del Fuego, promulgada en diciembre, que prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas con emprendimientos inmobiliarios. Los residentes de las sierras denuncian que los terribles incendios que azotan a la región y devastan nuestro bosque nativo suelen ser intencionales porque, antes de la sanción de la citada norma, permitían habilitar terrenos para futuras urbanizaciones.