De los 33 acusados que deberían escuchar la sentencia, por haber sido partícipes de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, sólo habrá 18, ya que muchos de ellos murieron o se encuentran en un estado de salud que no les permite participar. Se investigaron 43 detenciones y torturas, de las cuales hubo nueve sobrevivientes, mientras que del resto, la mayoría está desaparecida.
Por esta razón, se juzgan los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y desaparición forzada de personas. Como testigo declaró el ministro de Educación, Walter Grahovac, que militaba con las víctimas Soulier y Arias en una agrupación católica que hacía tareas sociales en la década del ’70.