El Gobierno nacional anunció una asistencia a las familias que se encuentren en situación de desalojo, ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.
A través de la Resolución 88/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.
Para esto, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.
El 31 de marzo vence el DNU 320/20 que prohíbe desalojos y aumento de alquileres.
Asimismo, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Movilización de los inquilinos
Organizaciones de inquilinos de todo el país convocaron ayer una jornada de protesta para pedir la extensión del decreto 320/20, que impide los desalojos, congela los precios y extiende los contratos. Al mismo tiempo, reclamaron que se terminen los abusos y se cumpla la Ley de Alquileres.
No se puede dar término al decreto con sólo 30 días de antelación, y esperar que las personas en ese breve lapso se muden, acuerden un nuevo precio y el pago de las deudas, para continuar en esas viviendas. De esta manera, se está dejando a merced del mercado a muchas familias que no tienen a donde ir ni capacidad de pago”, expresaron desde desde Inquilinos Córdoba.
Por esto, le solicitaron al Gobierno que priorice el derecho a la vivienda de las familias inquilinas por sobre la especulación y la rentabilidad desmedida del sector inmobiliario”.