La provincia no podrá desalojar a adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Esto tuvo lugar posterior a que la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación permitiera el avance de una medida cautelar presentada por una cantidad importante de vecinos propietarios de viviendas del IPV ubicados en diferentes barrios.
La medida fue en contra de la provincia, que amenazaba con desalojarlos y había bloqueado sus cuentas, con lo que no podían pagar sus deudas.
En este marco, la resolución judicial ordenó a la administración provincial que «se abstenga de desalojar a los amparistas y desbloquear sus cuentas a los fines que puedan abonar sus deudas». La medida había sido presentada por numerosos adjudicatarios de Vicor, Los Gigantes, Ampliación Cerveceros, Jardín del Sur, Ampliación Los Álamos, Fragueiro Anexo, Capdevilla, entre otros, que se encontraban en esa situación.
El abogado representante de los vecinos, Horacio Viqueira confirmó que la justicia acató a esos pedidos. «La provincia había resuelto unilateralmente impedir que las personas» que por alguna razón estuvieran atrasadas en el pago de las cuotas, «pudieran ponerse al día», expresó.
En tanto, el letrado sostuvo que con esta medida, el IPV «quedó obligado a recibir el pago de los deudores» y agregó que «se tiene que abstener de todo tipo de emplazamiento de desalojo de los inmuebles».