El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ha presentado una denuncia ante la justicia federal por graves irregularidades encontradas en el programa «Plan Nacional Argentina contra el Hambre», creado en 2020.
La denuncia, que ha sido presentada en el juzgado federal de Ariel Lijo, revela que casi la mitad de los comedores comunitarios registrados en el programa eran inexistentes, llegando incluso a funcionar uno en un barrio privado. Estas irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría realizada por el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) sobre todos los programas vigentes.
Según las autoridades del Ministerio, la gestión anterior del gobierno nacional no llevó a cabo los controles necesarios sobre los comedores que recibían mercadería del Estado, lo que ha llevado a la denuncia por un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia destaca que solo se pudo verificar la existencia del 52,3% de los comedores registrados, mientras que el resto no pudo ser localizado por diversas razones, como el cese de funcionamiento, direcciones inexistentes, o la imposibilidad de contacto.
Entre los comedores «fantasma» que figuran en la denuncia se encuentran «Conquistando Sonrisas», «Pequeños Gigantes de Quilmes», «Cielos Abiertos», «Luz de Luna de Pereyra», entre otros. También se mencionan casos impactantes como el del comedor «Gauchito Gil» ubicado en un barrio privado. La denuncia subraya la gravedad de las irregularidades detectadas y señala la falta de control sobre los fondos destinados al programa «Plan Nacional Argentina contra el Hambre».
La investigación judicial abierta a raíz de esta denuncia podría resultar en importantes sanciones para los responsables de estas irregularidades. La presentación judicial, que consta de 14 fojas, revela además que durante la gestión de la administración anterior, toneladas de alimentos secos salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo y terminaban en galpones de organizaciones sociales como la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).