Se llevó a cabo ayer en los Tribunales Federales de Córdoba la audiencia preliminar del nuevo juicio al ex funcionario judicial Carlos Otero Álvarez, quien en 2017 fue absuelto en la denominada “causa de los magistrados”.
Cabe recordar que Otero Álvarez, ex secretario del juez federal de Córdoba Adolfo Zamboni Ledesma, llegó a ese juicio acusado de 92 hechos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público -abuso de autoridad- y 41 hechos por los delitos de omitir revelar a la autoridad competente allanamientos y detenciones ilegales, en la época de la última dictadura cívico-militar.
Sobre el particular, la abogada querellante, Patricia Chalup, explicó ayer que “este nuevo debate se lleva a cabo como consecuencia de lo que resolvió la Cámara de Casación Penal de fecha 21 de octubre de 2020, que ordenó que se realice un nuevo juicio porque resuelve anular un punto de la sentencia de noviembre del año 2017”.
“En esa sentencia de la causa conocida como de los magistrados, se condenó a funcionarios judiciales, pero se absolvió a Otero Álvarez. La querella, como así también el Ministerio Público Fiscal, interpuso un recurso de casación porque nosotros entendíamos que en dicha sentencia había una notoria contradicción entre la argumentación y lo resuelto”, rememoró en la víspera la letrada en declaraciones a Radio Universidad.
Chalup también consideró que “no hubo una valoración de la prueba que se había aportado en el transcurso de la causa y en el debate oral”. “Es importante recordar que los delitos que se reprochaban en este caso, a Otero Álvarez, tenían que ver con los incumplimientos de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, como así también no haber puesto en conocimiento de la autoridad competente, detenciones ilegales”, amplió la querellante.
Al considerar las apelaciones de la fiscalía y de las partes querellantes, la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por Ana María Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña- resolvió en aquel entonces y por unanimidad anular “el punto 9” de la sentencia dictada por el tribunal constituido por entonces por Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Sebastián Galino. Casación advirtió de que la sentencia tenía “graves defectos en su motivación, razonamiento, valoración de la prueba y el derecho aplicable”.
En ese contexto, se devolvieron las actuaciones al tribunal cordobés para que, con una nueva y distinta conformación, “dicte sentencia con ajuste a los lineamientos” señalados por la Casación, que, en síntesis, sostuvo que debe ajustarse a los paradigmas internacionales de derechos humanos y tener en cuenta el contexto de terrorismo de Estado y no realizar “valoraciones parcializadas de las pruebas colectadas”.
En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal número 2 (Tof2) llevó adelante el debate, presidido por la jueza María Noel Costa e integrado por los jueces Mario Martínez (La Rioja) y José María Escobar Cello (Santa Fe). Participaron, por el Ministerio Público, los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta; el acusado, con su abogado defensor, y las letradas Adriana Gentile y la mencionada Chalup, y representantes de las familias Pucheta, Vaca Narvaja y Baronetto.
El juicio
Como se sabe, durante el juicio a los magistrados (causa “Cornejo”), realizado en 2017, el tribunal absolvió por unanimidad a Otero Álvarez, ex secretario del Juzgado Federal número 1, presidido en la época por el juez Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido).
Los cuatro imputados fueron llevados a juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. El Ministerio Público Fiscal los responsabilizó por 118 hechos que afectaron a 75 víctimas y los acusó por incumplimiento de los deberes de funcionarios judiciales y abuso de autoridad por no haber investigado delitos de lesa humanidad -secuestros, torturas, vejaciones y homicidios de 30 presos políticos- ocurridos en el Departamento de Informaciones (D2) y la Unidad Penitenciaria 1 (UP1)-.
Tras el juzgamiento, el tribunal condenó a tres años de prisión al ex juez Miguel Ángel Puga y al ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo. En tanto, absolvió a Otero Álvarez. Los fiscales habían solicitado 7 años de prisión para él y cinco para los condenados. Una vez conocidos los fundamentos, la fiscalía y la querella apelaron el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió en 2020 que se realice un nuevo juicio.