Con la consigna “Cumplir la Ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad”, el próximo viernes se realizará en nuestra ciudad la 9° marcha por el derecho a la salud mental, una movilización que desde 2014 toma el espacio público para reclamar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.
Convocada por un amplio colectivo de organizaciones, partirá a las 17 horas desde la intersección de Colón y Cañada. En distintos momentos de la movilización habrá radios abiertas, intervenciones artísticas y la lectura de un documento elaborado por el colectivo organizador, que cuenta con adhesiones de organizaciones locales y nacionales.
En esta edición de la marcha, el colectivo levanta un fuerte y directo reclamo, que incluye el cierre del Centro Psicoasistencial y la renuncia de la actual secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti, quien, a pesar de sostener un discurso a favor de la mencionada norma, “es la principal responsable de que en 12 años no se haya transformado el sistema de atención a la salud mental como la propia ley lo indica, y que en su lugar se haya implementado una política de ajuste y vaciamiento institucional”, se indicó en un comunicado.
En esta edición, la marcha también exigirá justicia por Ezequiel Castro, quien tenía 21 años cuando fue detenido el 8 de junio de este año por la Policía de Córdoba. El 12 de junio un móvil policial informó a su familia que el joven se encontraba internado en el Hospital Misericordia. Ezequiel había sido ingresado por la Policía de Córdoba.
Provenía del Centro Psicoasistencial (CPA), que depende del Ministerio de Salud de la Provincia. Ezequiel manifestó que había sido golpeado y que desde hacía dos días no se le daba agua para beber. El 14 de junio, falleció en el nosocomio. “La historia de Ezequiel Castro nos muestra con crudeza la profundidad del drama social que significa el sistema de salud mental de nuestra provincia. En el relato de violencia estatal, que finaliza con la muerte de Ezequiel, se conjuga el poder policial represivo, con el poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo”, agregó el escrito.
Ni la Secretaria de Salud Mental, organismo responsable del CPA, ni ningún organismo ha brindado respuestas satisfactorias a las demandas de la familia. Exigimos el cierre definitivo del CPA, un organismo que viola la Ley Nacional de Salud Mental. Exigimos la renuncia de la Secretaria de Salud Mental de la Provincia, María Pía Guidetti.
La Ley Nacional de Salud Mental previó la obligación de sustituir definitivamente las instituciones psiquiátricas monovalentes, y crear un sistema de atención en salud mental en la comunidad que respete los derechos humanos. Esa misma ley estableció al año 2020 como fecha límite para alcanzar esa meta, pero el sistema de salud mental de Argentina sigue situado en el hospital psiquiátrico de tipo manicomial, y no ha experimentado cambios sustantivos desde la sanción de la ley, salvo algunas excepciones. Para cerrar los monovalentes, hay que abrir los dispositivos sustitutivos. De eso se trata invertir en la comunidad.
Desde el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental denunciaron que el actual gobierno provincial usa la letra de la ley y el argumento de la desmanicomialización para implementar políticas de ajuste y vaciamiento a los hospitales públicos. Un claro ejemplo de ello fue el cierre del IPAD con el supuesto objeto de “pensar otra estrategia, otro paradigma de atención como es para nosotros la adecuación de los hospitales generales”, como ha afirmado Guidetti a la prensa al hacerse pública esta decisión.
Si el cierre del IPAD se hubiera dado luego de la adecuación de los hospitales generales para la atención de urgencias en salud mental y adicciones, si en su lugar hubiera otros dispositivos alternativos (dispositivos territoriales, centros de día, casas de medio camino), desde el Colectivo hubiésemos celebrado su cierre. Pero, el modo en que ocurrió este cierre nos lleva a hacernos una pregunta fundamental: ¿Qué pasó con las personas que estaban el IPAD?, ¿Qué ocurre con aquellos que necesitaban ese lugar?
Cuando la prioridad debe ser cumplir la Ley
Desde la primera Marcha que nació en 2014 en Córdoba y que hoy moviliza a miles de personas en todo el país, exigimos la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes. La Marcha por el Derecho a la Salud Mental es una acción de visibilización de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental.
Históricamente, la salud mental estuvo erróneamente relegada y segregada como una cuestión de un sector y de una población particular. Frente a esta representación social, desde el campo de la salud mental comunitaria, se extendió la consigna “la salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos”. Lo que esta frase buscaba expresar era la necesidad de entender la salud mental de igual modo que se comprende la salud humana en general.
Pero, el contexto que trajo la pandemia instaló en la agenda pública una inédita preocupación por la salud mental de la población en general. Si bien, ya en las últimas décadas ciertas experiencias subjetivas y malestares como el estrés, eran extendidas a la población adulta en general, como síntoma de la vida moderna, fue la pandemia la que trajo, con una intensidad nunca antes vista en los discursos sociales, de determinados sectores profesionales y potenciados en los medios de comunicación, la preocupación por los “padecimientos mentales”, en general expresadas como patologías, de carácter individual, comprendidas en términos biológicos, y con una propuesta de atención en general reducida a la perspectiva médica y farmacológica, o a las sugerencias de “cambios de vida” (individuales) dirigidos a un público con acceso a recursos y oportunidades.
Frente al aumento de esta preocupación y a la difusión de una perspectiva individualista y biologicista, que oculta las condiciones sociales, políticas, económicas que producen desigualdades, la Ley Nacional de Salud Mental hace 12 años vino a instalar en nuestro sistema de salud los estándares internacionales de salud mental como un derecho humano. Un modelo que entiende que la salud mental no está escindida de las condiciones sociales de vida de las poblaciones, y que la respuesta debe ser integral. Las políticas sanitarias y las políticas socioeconómicas, deben ir siempre de la mano.