La Legislatura de Córdoba aprobó la adecuación del Régimen Penal Juvenil provincial a la Ley nacional 27.801, que comenzó a regir este sábado 5 de septiembre en todo el país. La modificación actualiza artículos de la Ley 11.035 y establece el marco para la aplicación del nuevo sistema en la provincia.
El proyecto fue sancionado en general y en particular durante la 15ª sesión ordinaria de 2026, luego del trabajo de la Mesa de Coordinación y Seguimiento, integrada por representantes del Poder Judicial, Fiscalía General, Defensa Pública, SeNAF, Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, universidades y distintos espacios políticos.
La adecuación provincial se produce a partir del cambio establecido por la normativa nacional, que amplía la posibilidad de intervención penal a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18. El nuevo régimen reemplaza el esquema nacional vigente desde 1980.
Uno de los ejes planteados durante el debate legislativo fue que la privación de la libertad sea una medida excepcional, con prioridad para las alternativas socioeducativas, el acompañamiento territorial y las herramientas destinadas a favorecer la reinserción.
La legisladora Julieta Rinaldi fue la encargada de abrir el debate y destacó el proceso de elaboración de la iniciativa.
Qué establece el nuevo régimen
La Ley 27.801 establece un sistema penal específico para adolescentes y fija una serie de medidas que pueden aplicarse de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.
Entre las alternativas al encierro se encuentran las prohibiciones de acercamiento o contacto con víctimas, restricciones para concurrir a determinados lugares, servicios comunitarios, reparación del daño y amonestaciones judiciales, además de actividades educativas y capacitación laboral.
También se incorpora el monitoreo electrónico para determinados casos y un esquema de acompañamiento mediante supervisores especializados.
Cuando corresponda una medida de privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de personas adultas, bajo modalidades que incluyen institutos abiertos, centros especializados de detención y arresto domiciliario.
La normativa nacional establece, además, un máximo de 15 años de privación de libertad y prohíbe las penas de prisión o reclusión perpetuas para adolescentes.
El desafío de la implementación en Córdoba
Durante el tratamiento legislativo, uno de los principales puntos señalados fue la necesidad de que la adecuación normativa esté acompañada por recursos humanos, infraestructura y dispositivos suficientes.
En ese marco, la implementación del nuevo régimen involucrará especialmente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), que tendrá un papel central en el acompañamiento y seguimiento de los adolescentes alcanzados por las medidas.
Durante la sesión estuvieron presentes la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, y la titular de la SeNAF, Julia Reartes, quienes fueron reconocidas por el trabajo realizado durante el proceso de adecuación.
El legislador Matías Chamorro también planteó la necesidad de que el nuevo esquema combine responsabilidad y reparación con estándares de derechos humanos. Durante su intervención citó datos de un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, según el cual había 4.119 niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal a nivel nacional.
Con la entrada en vigencia de la reforma, Córdoba cuenta desde este sábado con un marco provincial adaptado al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. El desafío será ahora llevar esas modificaciones al funcionamiento cotidiano del sistema judicial y de los organismos encargados de intervenir con adolescentes.