La Cámara Federal de Córdoba dispuso un cuarto intermedio en la audiencia de conciliación entre vecinos de Río Tercero y el Estado Nacional por la voladura de la fábrica militar de esa ciudad en 1995, durante la gestión de Carlos Menem.
En la audiencia convocada para principios de esta semana, los representantes del Estado nacional admitieron que está vigente una ley y un acuerdo para indemnizar a las víctimas.
Así respondieron cuando el presidente de tribunal, Abel Sánchez Torres, se hizo eco de la inquietud de los vecinos, quienes preguntaron «cuál es la voluntad de pago y si el pago será en pesos o en bonos».
El representante del gobierno, Mario Orlando Ponce, respondió que «el Estado no sabe cómo va a pagar». La audiencia fue convocada para arribar a «una solución consensuada y amistosa».
Los vecinos de Río Tercero recordaron que desde que estalló la fábrica militar y destrozó gran parte de la ciudad «se hicieron innumerables gestiones ante la administración recibiendo un sinnúmero de promesas que nunca se cumplieron».
«En el año 2007 se celebró en Río Cuarto una audiencia con el Gobierno de ese momento, donde se ofreció como modo de resolución del conflicto la sanción de una ley que tardó ocho años. Ello implicó la suspensión de los procesos a la espera de esa ley, hasta que fue sancionada en 2015», recordaron.
«En 2018 se logró la reglamentación por medio de amparo, siendo que en ese transcurso de tiempo asume una nueva administración en el gobierno y se comenzaron a presentar los distintos trámites necesarios de la ley», añadieron.
Pese a toda esa burocracia, «hoy aún no se paga a los damnificados; la mayoría ya han fallecido y son humildes, sin medios para afrontar la situación», explicaron.
En el final del Gobierno de Alberto Fernández se resolvió por decreto el cumplimiento del pago establecido por ley mediante bonos, lo que generó inquietud en las víctimas.
Ese fue el eje de la discusión en la audiencia celebrada a principios de esta semana, y sobre la cual aún no hay acuerdo.
Las partes acordaron un cuarto intermedio por 30 días, por lo que –en principio- la nueva audiencia se celebrará en torno al 22 de mayo.