La decisión se basa en el consentimiento informado otorgado por la adolescente para la ILE en virtud de la Ley n.º 27.610.
El caso presenta una situación inusual en la que el consentimiento informado para la interrupción del embarazo se convierte en un punto de partida para decidir sobre la adoptabilidad de la niña nacida.
La jueza sostiene en este sentido que la gestante ya ha dejado claro su deseo de no ejercer la maternidad, y llamarla al proceso de adopción sería innecesario y podría causarle daño.
Además, la jueza Mariana Wallace se apartó del procedimiento tradicional y dispuso que la gestante no fuera citada al proceso de adopción, ya que considera que el consentimiento informado habla por sí mismo de la determinación de la gestante de no asumir los cuidados del recién nacido.
Wallace también destacó la importancia del consentimiento informado como pieza fundamental para establecer la voluntad de la gestante y su reemplazo en el proceso de adopción.
Así, este caso presenta una compleja situación en la que se equilibran los derechos de la mujer gestante y los derechos de la niña nacida. La jueza tuvo en cuenta las dimensiones de género y niñez, priorizando la expansión de derechos y minimizando las restricciones necesarias.
Además, Wallace rechazó la idea de mantener a la recién nacida en una familia transitoria y ordenó su egreso del hospital directamente con los adoptantes seleccionados del Registro Único de Adoptantes.
En vista de esta situación, la jueza planteó la posibilidad de generar dos actas de nacimiento para casos similares, una que preserve los datos biológicos y otra que resguarde la identidad del nacido ante terceros.
Si bien la resolución aún no es firme, este pronunciamiento marca un hito en la intersección de los derechos de género y niñez en el contexto de la interrupción legal del embarazo.