La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia (Agepj) informó que esta semana concretó la presentación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Oficina de Sumarios Administrativos, de dos nuevas denuncias por violencia laboral contra un funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF) y un magistrado del interior provincial.
De acuerdo a lo explicado por el sindicato, entre las situaciones denunciadas se encuentran “el maltrato laboral vinculado al abuso de poder que incluye amenazas a las personas contratadas; manipulación en los horarios de trabajo del personal solo a los efectos de producir complicaciones en su rutina y que operan como castigo; sobrecarga de tareas; y aislamiento con el objetivo de impedir vinculación con pares en el ámbito laboral, entre otras situaciones arbitrarias”.
“Todo esto ha generado mucha angustia y ansiedad entre las empleadas y empleados afectados que padecen cotidianamente este tipo situaciones abusivas en sus oficinas”, alertó Agepj en un comunicado difundido en la víspera.
Al respecto, recordó que se viene advirtiendo “un aumento de denuncias por violencia laboral en el último tiempo, que coincide con la capacitación obligatoria que ha recibido toda la planta del Poder Judicial de Córdoba, sobre el protocolo de actuación sobre violencia laboral y de género”. “Es evidente que este tipo de formación está cumpliendo con el objetivo de desnaturalizar prácticas de violencia que existen en los espacios laborales y que ha generado el pedido de intervención gremial en las oficinas”, apuntó el gremio.
Sobre el particular, la secretaria Adjunta de Agepj, Agostina Noccioli, expresó que “resulta paradójico que mientras desde las máximas autoridades del Poder Judicial se implementan capacitaciones de carácter obligatoria sobre violencia laboral y de género aún no se ha puesto en funcionamiento la Oficina de Violencia Laboral que ordena y establece el protocolo para brindar una respuesta real y efectiva en el abordaje de este tipo de situaciones tan complejas”.
Supuestas irregularidades en concurso
En otro orden, Agepj le expresó al Superior Tribunal su profunda preocupación ante las sospechas de posibles irregularidades en un concurso convocado por acuerdo número 375/24 para cubrir cargos de prosecretario/a letrado/a, destinados a desempeñar funciones de Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
A través de una nota presentada el lunes último, el secretario general de Agepj, Federico Corteletti, y la veedora gremial en la Junta de Calificaciones, Lucía Bonafé, pusieron en conocimiento del presidente del TSJ, Luis Eugenio Angulo, “los hechos que han despertado estas sospechas y solicitaron una investigación exhaustiva”.
“Quienes son magistrados, asesores y fiscales tienen la obligación de sostener una conducta ética ya que representan un Poder del estado que es el encargado de impartir justicia, garantizar el acceso a la justicia y a derechos, resolver conflictos en calidad de terceros imparciales”, señaló Corteletti.