El déficit operativo de la Caja de Jubilaciones de Córdoba llegará en 2024 a 250.961,5 millones de pesos, 150% superior a los $ 100.000 millones con los que cerraría el año en curso. Estos datos aparecen reflejados en el proyecto de ley de Presupuesto 2024 que el gobierno provincial envió a la Legislatura para su tratamiento. Se trata del principal frente de preocupación de la gestión de Juan Schiaretti y, desde el 10 de diciembre, del gobernador electo, Martín Llaryora.
De hecho, el tema tiene tal magnitud que el martes pasado el propio ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, lo puso como eje al momento de presentar el proyecto en la Unicameral. Concretamente, en materia previsional, Giordano mostró las tendencias que prevalecen en el sistema y los desafíos que se derivan de ellas.
Un punto en que puso énfasis es el “enorme daño financiero” que generan los incumplimientos del gobierno nacional, al punto de considerarlos uno de los principales “factores desestabilizadores” de las finanzas de la Provincia. En esa línea, señaló que la deuda, actualmente en proceso judicial radicado en la Corte Suprema, se estima en el orden de $ 239.047 millones. Esa cifra incluye no sólo los incumplimientos del año en curso sino también los de 2022 hacia atrás, ambos judicializados en dos procesos diferentes, reveló el diario Comercio y Justicia.
La Caja en números
Según el proyecto de Presupuesto en manos de los legisladores, las erogaciones totales suman $ 977.443.581.000, mientras que los ingresos totales se estiman en $ 916.573.723.000. En paralelo, se estima en $ 60.870.858.000 el importe correspondiente a las Fuentes Financieras. Por cierto, ese último momento no alcanza a cubrir el rojo de unos $ 150.000 millones de pesos que estima el organismo para 2024.
“Como ocurre con todos los sistemas previsionales, la Caja de Jubilaciones está sometida a las presiones que genera el proceso de envejecimiento poblacional. A este factor general se suma la particularidad de un crecimiento relativamente alto de las altas jubilatorias asociado al relativamente alto crecimiento del empleo que tenía la Provincia hace algunas décadas”, señala el Mensaje de Elevación del Presupuesto respecto al frente previsional.
“La combinación de estos dos factores explica un persistente aumento en la cantidad de beneficios pagados. En los últimos diez años, la tasa de crecimiento promedio anual de los beneficios que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba (1,9%) supera al crecimiento poblacional (1,5%)”.
Esta dinámica, prosigue el informe, plantea enormes desafíos, ya que las erogaciones previsionales representan una proporción elevada del total. En consonancia con la importancia y complejidad del tema, tanto para los beneficiarios directos del sistema como para la población en general, el Gobierno de la Provincia ha venido impulsando una estrategia integral con el objetivo de lograr la sustentabilidad financiera del sistema y, simultáneamente, velar por la equidad.
“Para lograr ese cometido, por un lado, se introdujeron una serie de reformas paramétricas necesarias para moderar el crecimiento de las erogaciones a niveles financieramente sostenibles, en un marco de equidad. Por otro lado, se llevó a cabo un profundo e innovador proceso de transformación sobre la gestión previsional”, prosiguió el documento.
Gracias a la estrategia que viene aplicando la Provincia, mejoró notablemente la sostenibilidad del sistema previsional provincial. “No obstante, persiste un resultado económico deficitario estructural que, de acuerdo a las normas legales vigentes (ley 27260), se compensaría con lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social debe girar a la Caja, en un estricto acto de justicia respecto de aquellas provincias que sí decidieron transferir sus sistemas previsionales a la órbita nacional”, considera el documento.
El mecanismo de financiamiento previsto en las leyes nacionales establece que la Anses reconocerá los déficits provinciales por medio de un ejercicio que simulará -bajo los parámetros y condiciones de acceso y cálculos del régimen nacional- lo que habría tenido que afrontar el organismo previsional nacional en el caso de que efectivamente la Caja de Córdoba hubiera sido transferida.
“Sin embargo, Anses ha venido incumpliendo ese mandato legal en los últimos cuatro años, ya que el último convenio de asistencia financiera suscripto entre las partes corresponde al ejercicio fiscal 2019”, denuncia.
A partir de allí, Anses continuó asistiendo financieramente a la Caja de Córdoba, pero congeló en términos nominales el monto mensual transferido a valores del mes de julio del año 2019 ya que no avanzó en la determinación de los déficits de los años 2020, 2021 y 2022, lo que hubiese implicado una actualización de los anticipos mensuales.
De lo anterior surge que la deuda de la Anses con la Provincia de Córdoba por el periodo 2020-2023, actualizada al 31 de octubre del corriente, asciende a aproximadamente a $ 239.000 millones, dato informado por el ministro Giordano.
Esa acreencia es un activo de la Provincia de un volumen muy significativo, ya que equivale al 29% de la deuda financiera de la Provincia, cuantifica.
“Para el año 2024 se supone que la Anses transferirá un monto equivalente a lo que le costaría administrar el sistema. No obstante, ante la eventualidad de que Anses demore la normalización de la situación, están previstas una serie de medidas para poder afrontar el pago de las prestaciones previsionales”, concluye el texto.
Plan B
Ese último párrafo abre diferentes interrogantes. ¿Cuáles serán los mecanismos alternativos a que se hace referencia?. Por cierto, el texto nada dice al respecto. Giordano consideró que, más temprano que tarde, la Corte fallará a favor de Córdoba y los fondos necesarios para cubrir el rojo terminarán por llegar. Eso, más allá de que el proyecto de Presupuesto 2024 se modifique e incluya, como el texto de 2023, dos artículos claves que ajusten por movilidad previsional los recursos girados a las cajas no transferidas.
Sin embargo, si eso no ocurriera o si el fallo de la Corte se demorara o eventualmente fuera adverso, Llaryora debería tomar alguna medida para cubrir semejante bache. Una posibilidad sería restituir el denominado diferimiento que aplicó Schiaretti por ley desde 2020 y que permitió reducir fuertemente el déficit. Con todo, Llaryora prometió que en su gestión ese mecanismo no será la variable de ajuste.
No obstante, las necesidades financieras podrían llevar a revisar esa decisión y retomar esa herramienta al menos de manera momentánea y parcial.