La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó en el mes de febrero un recurso de amparo ante la Justicia federal de Córdoba para que “cese el cobro de retenciones” a la exportación de productos agropecuarios por entender que no hay una ley que establezca el monto de la alícuota.
La entidad sostiene que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre finalizó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas porque el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.
El colectivo agropecuario pretende que la Justicia federal “declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022″, y que un nuevo esquema sea debatido en el Congreso Nacional, ya que entiende que ése es el ámbito para establecer políticas de tipo tributarias.
Asimismo, la SRA explicó el mes pasado que no se presentó una medida cautelar porque se busca una sentencia rápida que obligue al Poder Legislativo a debatir una ley sobre este impuesto. “El amparo es una solución integral”, explicó el equipo técnico de la entidad.
Por su parte, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián dictaminó que esta presentación recaiga en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, quien este lunes dio inicio al trámite de amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina.
A partir de ahora, Bustos Fierro deberá abocarse al estudio del planteo del no pago de las retenciones por parte de la Sociedad Rural y los sectores del campo y se estima que esa resolución podrá durar alrededor de un mes.