El oficialismo de Hacemos por Córdoba defendió en comisiones de la Legislatura el proyecto de ley que establece cambios en la modernización y atribuciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
En una reunión que se llevó a cabo el viernes pasado, los parlamentarios oficialistas respondieron a las críticas de los tribunos electos de Juntos por el Cambio, quienes denunciaron que esta propuesta busca recortar el poder de este organismo, que desde el mes próximo quedará en mayoría en manos del juecismo.
En el primer encuentro en comisión sobre el proyecto, que podría ser tratado hoy en una segunda instancia y aprobado por la mayoría durante la sesión del miércoles, algunos legisladores justicialistas salieron al cruce de los parlamentarios radicales y de los futuros tribunos del Frente Cívico, que habían denunciado que “un golpe institucional” detrás de la mencionada iniciativa, a la vez que exigieron que sea retirado de su tratamiento.
También habían adelantado que no participarían de la discusión parlamentaria. Así fue como solamente los legisladores opositores Álvaro Zamora Consigli y Amelia Moscoso (Encuentro Vecinal) y Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) estuvieron en la reunión de comisiones del viernes último, reveló el diario La Voz del Interior.
En la oportunidad, Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura y una de las autoras del proyecto, aseguró que “no busca restarle poder al Tribunal de Cuentas, todo lo contrario. Aquí no hay ninguna pretendida impunidad. La digitalización viene a contribuir a la transparencia de los actos de todos los órganos de poder y hay que marchar hacia eso para que la ciudadanía pueda conocer cuántos cafés o cuántos taxis se toma un asesor o un legislador. Con este proceso de digitalización, la ciudadanía puede saber cómo funciona el Tribunal de Cuentas”.
A su turno, Leonardo Limia, presidente del bloque de legisladores de HpC, destacó que “se va a agregar transparencia, tecnología, digitalización, se agrega todo lo que tiene que ver con adaptar esta ley que proyecta el Tribunal de Cuentas a los tiempos que vivimos. Me parece realmente una total irresponsabilidad por parte de todos los legisladores que, a través de los medios de comunicación, confundieron a toda la población, por qué no están para debatir”.
A lo que el titular provisorio de la Unicameral, Francisco Fortuna, también sumó: “Hay personas que entran en el juego de opinar sobre esta ley y que tienen la más absoluta ignorancia”, indicó. Reprochó que emiten opiniones sin fundamento en los medios, pero no hacen los planteos donde corresponde.
Entre los pocos opositores presentes, Zamora Consigli fue el más crítico al cuestionar la urgencia del oficialismo en el tratamiento del proyecto. Pidió que se debata con otras instituciones, incluso con los propios tribunos.
“Si no hay ningún apuro y no hay nada que esconder, con más razón esta ley se merece que le demos el tratamiento ordinario que corresponde. Es un órgano constitucional, en honor a la institucionalidad que Córdoba tiene y ya que estamos en una transición, ¿por qué no escuchar a los tribunos e instituciones?”, ironizó el legislador de la oposición.
La oposición denunció «atropello institucional»
En un comunicado firmado por los radicales Marcelo Cossar, Elisa Cafaratti, Daniela Gudiño, Marisa Carrillo, Verónica Garade Paneta y Patricia de Ferrari; junto con Cecilia Irazuzta (bloque Independiente), que integran las comisiones en las que se abrió el debate, denunciaron que el proyecto de ley es un “atropello” institucional, y aseguraron que el oficialismo buscará recortarle atribuciones al Tribunal de Cuentas, ya que dos de los tres integrantes de este órgano responden al juecismo.
“No participamos de la reunión conjunta de estas comisiones donde se trata el proyecto de ley que modifica las naturales funciones de control del Tribunal de Cuentas porque no convalidamos el atropello institucional que representa para la ciudadanía de Córdoba y para la democracia, el literal vaciamiento de las competencias de un órgano de jerarquía constitucional, violentando las garantías de transparencia y control de los actos de gobierno”. expresaron. También reiteraron el pedido que el proyecto de ley sea retirado del tratamiento.