En los últimos 12 años, la población de nuestra provincia creció un 19%, mientras que las causas judiciales subieron el 42%. El dato surge de un informe que realizó el Centro de Estadísticas y la Oficina de Gestión Estratégica del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ, analizando la incidencia del incremento poblacional en la labor judicial, en base a las cifras del Censo 2022.
En el estudio se pudo evidenciar que las causas ingresadas al sistema de Justicia aumentaron un 42% en los últimos 12 años, lo cual podría dar cuenta, según el TSJ, de la incidencia del incremento poblacional en la litigiosidad, ya que el indicador “causas ingresadas por habitante” se incrementó un 19%. Este aumento en la conflictividad se refleja con mayor impacto en temas como violencia familiar, y ejecución fiscal.
A su vez, se evidencia que el incremento de causas tuvo su correlato en las respuestas desde el Poder Judicial. Las causas resueltas (aquellas que ponen fin a un litigio) han aumentado un 38%, en relación a 2010, según el informe.
Con respecto a la cantidad de trabajadores en la Justicia de provincial, el TSJ aseguró que la planta se incrementó de manera similar al crecimiento poblacional. Según el Censo 2022, Córdoba vivió un crecimiento demográfico del 19% desde 2010, mientras que los recursos humanos de los que dispone el Poder Judicial subieron tres puntos por encima, alcanzando un aumento del 22%.
Asimismo, al diferenciar los datos del censo por sexo, se observa que el 67% de las personas que trabajan en el Poder Judicial de Córdoba son mujeres, mientras que el 33% son hombres. A nivel poblacional, en Córdoba, hay un 52% de mujeres y un 48% de hombres (dato que coincide con el porcentaje a nivel país).
Finalmente, el informe revela que la cantidad de abogados se incrementó en un 41% en este lapso. Esta suba a nivel país fue de un 50%. “Estos datos resultan relevantes para el sistema de Justicia a la hora de tomar decisiones institucionales”, indicaron desde el TSJ.
Y agregaron que los mismos se incluyen dentro del plan de gobierno de datos en que se viene trabajando y desde el que se han impulsado diversas acciones de mejora judicial”.