Hace cinco décadas que en Argentina concurría el último golpe de Estado y comenzaba la dictadura cívico-militar. Sin embargo, los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en Córdoba recién comenzaban hace 18 años, un retraso que refleja la distancia entre los hechos y su juzgamiento, y cómo la memoria y la justicia no siempre avanzaron al mismo paso.
Entonces, en una Argentina donde la materia de derechos humanos no era habitual entre las instituciones —los procesos no llegaban ni a las cortes, ni a las escuelas, ni a las universidades— surge una pregunta inevitable: ¿cómo llega alguien a trabajar directamente en su defensa y aplicación? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo procede?
A raíz de esto, la conversación con el fiscal Facundo Trotta comenzó por su primer acercamiento a los derechos humanos, un área que, en Argentina, había empezado a procesarse formalmente con el Juicio a las Juntas de 1985, aunque con retrocesos posteriores debido a los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final.
Facundo explicó que su formación inicial estaba centrada en el derecho penal convencional. Tras recibirse en 2000, trabajó como pasante y adscripto en tribunales provinciales, defendiendo acusados y representando víctimas. “Siempre hice fundamentalmente derecho penal… en la rama penal obviamente estuve defendiendo a personas acusadas como también representando a víctimas. Mucha intervención en juicios, interviniendo en todas las etapas del proceso penal”, recordó.
En 2002, por sugerencia de un fiscal de su entorno, decidió ejercer la profesión liberal, manteniéndose en la práctica penal y algunas cuestiones civiles menores. Recién en 2009, tras una especialización en derecho penal y gracias a la sugerencia de un profesor que a su vez era Procurador General de la Nación, se incorporó a la justicia federal, en un momento en que comenzaron los primeros juicios de lesa humanidad en Córdoba. “La propuesta era colaborar como secretario en causas complejas y en la investigación de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero”, contó.
Hasta ese momento, su conocimiento sobre la dictadura era escaso. “No venía de familia politizada ni vinculada a organismos de derechos humanos… Todo lo que supe lo fui aprendiendo en la práctica”, señaló. Nacido en abril de 1976, apenas un mes después del golpe, Facundo vivió la dictadura de manera indirecta, reconstruyendo los hechos a través de lecturas y, más tarde, desde su experiencia profesional.
Para muchos de los fiscales que iniciaron los juicios en Córdoba, el conocimiento sobre derechos humanos fue desarrollándose a medida que los procesos judiciales avanzaban. La historia se fue restaurando caso por caso, mientras los tribunales comenzaban a abrirse camino en un país donde la memoria social apenas empezaba a consolidarse. Sin dejar de lado el rol que tuvieron las organizaciones de derechos humanos durante décadas para sostener la memoria y verdad, sin embargo, existían límites que impedían la concreción de las condenas.
Ahora, en ese preciso momento, el testimonio de Trotta revela a otro Facundo, uno con una memoria en la que cada caso narrado quedo grabado. Resulta impresionante, tanto en su enunciación como en la forma en la que recuerda cada historia: cada detalle de cómo y quienes pidieron justicia, de aquellos que aún la buscan y la historia de aquellos que nunca fueron reclamados por familiares ni allegados. Historias sobre las que se trabaja en otra nota.
El resultado de escuchar y defender incontables historias en un proceso que duró cuatro años, con más de 1000 horas de filmación, 581 testigos y más de 700 víctimas, fue una causa de una magnitud excepcional. Facundo Trotta lo define con sus palabras:
“Una causa inmensa, solamente comparable con el Juicio a las Juntas y con el juicio de la ESMA. No hay juicios de esta envergadura en nuestro país y en el mundo”.
Los números dan cuenta de la magnitud del caso, pero también de la complejidad para abordar judicialmente crímenes de lesa humanidad que ocurrieron décadas atrás. Aquí surge un interrogante: ¿qué antecedentes jurídicos se tomaron en cuenta, cómo se documentaron los casos y qué juicio se siguieron? Porque, como bien señala Trotta, este tipo de procesos siguen siendo únicos en el mundo.
En sus respuestas, Trotta es categórico sobre la dificultad de investigar delitos de Estado: “Como los crímenes se cometen al margen de la ley y se utilizan herramientas del Estado, la principal característica, y sobre todo para que no sea descubierto ese crimen, es que estos actos han sido llevados a cabo en la clandestinidad. Es decir, de una manera que nadie los pueda ver”. Esta premisa de invisibilidad obligó a la justicia a desarmar la puesta en escena de los «enfrentamientos», que funcionaban como la versión oficial de las ejecuciones.
“Ellos presentaban una noticia como que había habido un enfrentamiento armado pero previamente las víctimas ya habían sido asesinadas y arrojadas y, en todo caso, luego armaban una escena donde indicaban -lo sucedido- sobre esta persona…”, explica el fiscal. El análisis judicial permite entender que estos episodios no eran eventos aislados, sino una farsa sistematizada. Según detalla Trotta, “los enfrentamientos no existían porque en realidad eran fraguados. Les ponían armas y les decían que se habían enfrentado con armas, pero buscaban lugares donde nadie pudiera ver”.
El sobreviviente
Ante este escenario de ocultamiento, el rol de quienes pasaron por los ex centros clandestinos de detención se vuelve la pieza central del rompecabezas probatorio. “La única forma de reconstruir ese crimen es a partir de la víctima sobreviviente. Porque no todas las víctimas fueron asesinadas, fusiladas y las hicieron desaparecer”, sostiene el fiscal. El testimonio deja de ser una mera declaración para convertirse en la herramienta que permite mapear la operatividad del horror.
Gracias a quienes recuperaron la libertad, se pudo conocer “cuál era el trato que le dispensaban a las víctimas, cómo las mujeres en su gran mayoría eran abusadas, violadas”. Pero además, los sobrevivientes aportaron datos sobre el destino final de los cuerpos, paradójicamente, gracias a la jactancia de los propios captores. Trotta recuerda que los militares, por la impunidad con la que se manejaban, “contaban el olor de los cuerpos quemados y le decían a las víctimas que iban a ser llevadas e iban a ser arrojadas a uno ochenta, que sería la profundidad del pozo en el que finalmente iban a ser enterradas”.
La sistematicidad previa a marzo de 1976
Otro eje fundamental de la entrevista es el quiebre de la idea de que la represión comenzó estrictamente con el golpe. En sus respuestas, Trotta aclara: “Una de las características que tuvo el plan que se llevó a cabo la última dictadura cívico-militar es, que también hay que aclarar, que empezó a llevarse a cabo mucho antes de producir el golpe del 24 de marzo”.
Para la fiscalía, la sistematicidad ya era un hecho desde 1974. “Tenemos hechos incluso desde octubre del año 1974 ¿Por qué? Porque justamente se da esa particularidad que nosotros podemos acreditar que son actos que formaron parte de un acto generalizado y sistemático contra la población civil”, precisa el fiscal. El análisis de la Unidad Fiscal de Córdoba sostiene que, si bien el golpe de 1976 generalizó y reglamentó el proceder de las fuerzas, la maquinaria de secuestro, tortura y desaparición ya utilizaba las herramientas del Estado con anterioridad.
La posibilidad de juzgar hechos ocurridos hace más de 50 años reside en su calificación como crímenes de lesa humanidad. Trotta explica que, bajo los estándares internacionales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, estos delitos no prescriben porque afectan a la humanidad en su conjunto.
“Es un crimen que se prepara desde una política de Estado y se dirige contra un número indeterminado de personas. Es sistemático porque responde a un patrón metódico: se planifican secuestros, se usan centros clandestinos y se tortura para extraer información”, precisa el fiscal.
¿Cómo se prepara un profesional para escuchar lo inenarrable?
Ante la magnitud de lo que se declaró en la Megacausa La Perla, surge un interrogante que desborda cualquier manual de derecho penal. Para Facundo Trotta, no existe un entrenamiento técnico capaz de neutralizar el impacto de ciertos relatos: “Nosotros tenemos formación profesional para estudiar los casos, para analizar cuál es la prueba más pertinente para acreditar el caso… pero escuchar el relato de esa víctima, nadie está preparado”.
Sus palabras sugieren que, incluso si las instituciones hubieran provisto las herramientas teóricas, la estructura humana difícilmente podría haber salido indemne tras cuatro años de testimonios directos sobre el horror sistemático. Esta vulnerabilidad no fue una falta de oficio, sino la reacción inevitable ante una aberración que rompe cualquier marco técnico.
El fiscal describe un proceso de desgaste emocional que el derecho convencional y la misma humanidad no contempla, el sin fín de casos:
“Cuando uno ya llevaba 2 años de escuchar y pensaba que ya no iba a escuchar más nada, viene una mujer de 60 años -que en ese momento tenía 14- y nos cuenta que nunca había tenido relación sexual y que la violaron sistemáticamente ¿Me entendés? A uno le cuesta mucho poder recuperarse”.
Pero habia que estar a la altura de las declaraciones y «soportar» lo narrado en la sala de audiencias. Sin embargo comenta que la fiscal María Virginia Carmona, a pesar de su rigor profesional, no pudo contener el llanto ante el testimonio de Graciela Geuna. Para Trotta, ese momento define la esencia de estos juicios: “Son experiencias que a uno lo marcan para toda la vida, son relatos del horror que uno difícilmente pueda olvidar”. Por supuesto, hay un límite de lo que una persona puede —o debería— ser capaz de procesar sin quebrarse.
¿Llegó a estar presente la perspectiva de género en el juicio? La respuesta de Trotta revela una evolución que no se dio en el vacío, sino en sintonía con la exigencia social que explotó en las calles en 2015. Hasta ese momento, las aberraciones sexuales cometidas en los centros clandestinos quedaban diluidas bajo el concepto genérico de tortura, una omisión que el fiscal atribuye a una “visión patriarcal evidente de los operadores judiciales”.
Recién en 2016, impulsados por un cambio de clima de época, el Ministerio Público Fiscal en Córdoba decidió que estos crímenes merecían un análisis propio. “La perspectiva de género llegó a estar, pero te diría que es muy reciente… recién en el año 2016 empezamos a analizar los hechos con perspectiva de género”, reconoce Trotta. Este cambio significó dejar de considerar la violación como un método más de tormento para entenderla como un ataque específico a la libertad e integridad sexual, un bien jurídico que la figura de la tortura no lograba proteger ni nombrar en su totalidad.
Para la fiscalía, fue crucial introducir la figura jurídica de la mujer como “botín de guerra”. Trotta detalla cómo se tomó la decisión estratégica de que fuera una mujer quien liderara ese tramo del alegato:
“Esa exposición la tenía que hacer Victoria [la fiscal Carmona]. Fue ella la que hizo todo este análisis de cómo las víctimas eran consideradas botín de guerra… sometidas al designio de los represores. Había una asimetría del poder del hombre sobre la mujer y la mujer tenía que -socialmente se creía en el momento de los hechos- satisfacer la pertenencia sexual del hombre”.
Este cambio de paradigma permitió, además, resolver un escollo legal: la naturaleza de los delitos de instancia privada. Tradicionalmente, si la víctima no denunciaba el abuso, el Estado no podía investigar. Sin embargo, en el marco de un plan sistemático y ante la desaparición o muerte de las víctimas, la fiscalía argumentó que el interés público habilitaba la acción penal. “Como ella no pudo manifestar el interés público, conocer esa aberración de crimen que se cometió habilita que nosotros podamos llevar a cabo investigaciones”, explica Trotta. Fue así como la visibilidad que hoy tienen los delitos sexuales en la dictadura dejó de ser una nota al pie, apéndice del capítulo de torturas.
Para el fiscal, una de las imágenes más potentes de la Megacausa fue la decisión de una víctima de convertir su dolor privado en un acto de memoria pública frente a su propia familia:
“Fue muy conmovedor escuchar a una de las víctimas que dijo que no, que ella quería que se quedara el público porque entre el público estaban sus hijos y ella quería que escucharan que su madre iba a relatar lo que a ella le habían hecho”.
Esa voluntad de ser escuchada, de usar “la voz de los que no tienen voz”, es lo que finalmente le da coherencia a un proceso que, más allá de las condenas, buscó restaurar la verdad histórica en los tribunales de Córdoba.
Pese al impacto emocional, Trotta encuentra en el cierre de los procesos una satisfacción reparadora, aunque no exenta de autocrítica institucional. “Al haber formado parte de ese juicio y recibir esa satisfacción que uno no la puede creer… en realidad hay que pedirle perdón a la víctima por lo que pasó”, reflexiona. Como representante de un órgano estatal, asume la responsabilidad por las décadas de silencio: “El Estado es el responsable de los crímenes y es el Estado el responsable de no haber juzgado en su momento”.
Sin embargo, el agradecimiento de los sobrevivientes al finalizar sus relatos le otorga un sentido último a la función judicial.
“Si hubiéramos tenido una justicia que actuara, no se hubieran cometido tantos crímenes”
Aquí es donde el término «cívico-militar» cobra su verdadero peso analítico. Para el fiscal, la dictadura no fue un compartimento estanco de uniformados, sino un sistema sostenido por la omisión de sectores empresarios, eclesiásticos y, fundamentalmente, judiciales. “No tengo ninguna duda de que si hubiéramos tenido una justicia que hubiera actuado conforme a lo que le mandaba la Ley, no se hubieran llevado a cabo tantos crímenes”, sentencia Trotta.
El juicio a los magistrados en Córdoba puso nombres y apellidos a esa falta de acción deliberada. El fiscal explica que no se trató de un simple silencio, sino de funcionarios que, teniendo el conocimiento de los secuestros y las torturas, decidieron no ejercer su función. En ese proceso (causa «Rodríguez Villafañe»), se condenó a exjueces y exfiscales federales por rechazar sistemáticamente los hábeas corpus y permitir que los interrogatorios ilegales continuaran sin intervención.
Trotta destaca que la resistencia era una opción ética y cita el ejemplo de Carlos Hairabedian, a quien le pusieron una bomba en su estudio por investigar a los miembros del D2:
“¿Y qué hizo Carlos Hairabedian? Dejó de ser funcionario judicial. Si no podés llevar a cabo tu función porque el sistema te lo impide, tenés que dar un paso al costado; no podés seguir avalando el proceder ilegal”.
Esta omisión institucional inicial generó una brecha temporal que hoy define los límites de la justicia. “De 1985 a 2005 son 20 años; y de 2005 a 2026 llevamos 21 años para poder juzgar. Llevamos prácticamente el mismo tiempo de impunidad que el tiempo de posibilidad de juzgar”, advierte el fiscal. Ese periodo de leyes de impunidad e indultos hoy se traduce en la «impunidad biológica», donde responsables y víctimas mueren sin ver una sentencia.
A pesar de los obstáculos temporales, Trotta destaca que el proceso en la provincia ha sido contundente una vez que se recuperó la posibilidad de juzgar. “El saldo es altamente positivo porque hemos juzgado a la mayoría de las personas responsables de los crímenes; en Córdoba, la mayoría de los responsables de los crímenes están condenados”, afirma. Este nivel de resolución coloca a la jurisdicción como un faro en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia a nivel nacional.
Sin embargo, para el fiscal, el éxito en las sentencias no significa que la tarea esté terminada. “Nos falta todavía darle más respuestas a las víctimas”, reconoce. Para Trotta, el cumplimiento de la ley no es una opción, sino una obligación permanente:
“Los acusados de los crímenes tienen que seguir dando respuestas porque lo dice la ley, porque lo dice la Constitución y porque lo dice el compromiso que hizo la Argentina. Hay que investigar, juzgar y condenar a los responsables de los crímenes. Pero claro, esa línea si uno la toma hoy, se va a dar una batalla ganada; yo siempre digo que nunca las batallas se ganan, hay que estar siempre alerta, porque en cualquier momento puede haber actos que signifiquen un retroceso”, concluye.