Los abogados defensores de los 13 policías acusados en la causa por el crimen del adolescente Blas Correas (17), asesinado de un balazo el 6 de agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, expondrán desde hoy y durante las próximas cuatro audiencias sus alegatos ante un jurado popular, informaron fuentes judiciales.
El tribunal de la Cámara 8va. Del Crimen abrirá la audiencia a partir de las 9.30 en la sede de los Tribunales de la ciudad de Córdoba y se esperan que el trámite procesal de los alegatos de los defensores de los 13 policías imputados demande al menos cuatro audiencias: hoy, el próximo viernes y el 15 y el 17 de marzo.
En sus alegatos, realizados a finales de febrero, tanto los fiscales como los abogados que representan a la familia de Blas Correas pidieron condenas perpetuas para los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), a quienes acusaron de ser quienes dispararon sus armas contra el automóvil donde se movilizaba la víctima con sus cuatro amigos.
También solicitaron que sean condenados a penas hasta seis años de prisión para los otros policías acusados.
El fiscal Fernando López Villagra, en sus alegatos del 22 de febrero, había solicitado prisión perpetua para los suboficiales Gómez y Alarcón, al considerarlos autores de «homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado» contra los otros cuatro ocupantes del auto.
Por su parte, el fiscal Marcelo Hidalgo se encargó de fundamentar la pena para los restantes 11 policías que, a su entender, tuvieron distintas responsabilidades en los procedimientos y había solicitado condenas de entre cinco a seis años.
Estos 11 enfrentan cargos por «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», además de inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier función pública.
La pieza procesal de la acusación detalla que el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (21) conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos compañeros de colegio, hoy todos mayores de edad, Valentín Blas Correas, que entonces tenía 17 años, al igual que sus amigos Camila Toci, Mateo Natali y Cristóbal Bocco.
Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, había un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad, sin embargo el automóvil siguió su curso y no paró.
Camerano Echevarría, en su testimonio, había manifestado que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma que lo apuntaba en la cabeza.
Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles sobre la evasión, el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil «con intención de matarlos», según describe la elevación a juicio.
Por su parte, el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, «en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo», también efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha «a sabiendas que no había justificación legal para ello», por lo tanto «abusaron de su función».
Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el policía Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas; le ocasionó lesiones en el pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, y le produjo la muerte.
Siempre según la acusación, luego, y con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, los policías Alarcón y Wanda Esquivel «plantaron» un arma en las cercanías, en tanto el automóvil fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde Valentín habría estado aún con vida y murió en ese lugar.
Antes de llegar a ese lugar, los amigos llevaron al adolescente hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y, por ello, se tramita otra causa que fue elevada a juicio.
En ella, tres empleados de ese sanatorio -Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo-, están imputados por «abandono de persona» y «omisión de auxilio».