En medio de la creciente polémica por el uso de las aplicaciones de viajes en nuestra ciudad como Uber, Didi o Cabify, desde la Municipalidad de Córdoba remarcaron que en los últimos meses se multiplicaron los controles en la vía pública.
Según los datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad Urbana municipal, la incautación de vehículos que prestan servicio de transporte de manera ilegal se incrementó este año un 629% respecto a 2023. La información enviada por el Ejecutivo municipal dice que en lo que va del año se demoraron 3.683 automóviles por prestar un servicio ilegal, “número que resalta al contrastarlos con el total del año anterior 505″.
Cabe recordar que la sanción por usar aplicaciones está agravada en la ciudad de Córdoba. Las multas van desde 80 y hasta 300 unidades económicas municipales (UEM). Hoy, cada UEM equivale a $ 8.616, por lo que la sanción va desde $ 689.000 hasta $ 2,58 millones.
No obstante, datos que habían sido proporcionados por la Justicia Administrativa de Faltas municipal en agosto pasado, indicaban que las actas de infracción aplicadas hasta julio de este año eran poco más de 600.
El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, tiene a su cargo la Secretaría de Movilidad. Explicó que el salto en la cantidad de secuestros, que es un 483% más que las actas aplicadas hasta hace dos meses, es por el aumento en los controles y en cómo se realizan esos operativos. Fernández indicó que se incorporaron 10 nuevas grúas a la Policía de Transporte, y se arreglaron las cuatro con las que contaba la repartición.
Además, se espera la llegada de otras seis unidades más. Con esos móviles, ahora se realizan operativos que van rotando por los sitios que suelen tener alta demanda de viajes, como los centros comerciales, eventos, la Terminal y el Aeropuerto.
“Es clara la firme decisión del municipio capitalino de no permitir vehículos que realicen transporte ilegal de pasajeros y pongan en riesgo la integridad de quienes se transportan al no contar con las medidas de seguridad y sanitarias vigentes, ni adaptarse a las reglamentaciones”, sostuvo el funcionario en declaraciones al diario La Voz del Interior.
Por otra parte, remarcó que pro las fuertes sanciones que se aplican hay cerca de 600 vehículos que aún no fueron retirados de los depósitos municipales.
Por último, Fernández aseguró que el 20% de los vehículos secuestrados eran taxis o remises. Sobre ese punto, el funcionario resaltó que la vara es igual para todos, ante el reclamo del Sindicato de Conductores de Taxis que pidió que los tacheros no sean sancionados por usar aplicaciones.
Lo que dicen los datos
La cantidad de autos secuestrados da una dimensión de la cantidad de autos que en Córdoba trabajan con las aplicaciones. El secretario de Gobierno dijo que hay baja reincidencia, y sostuvo que quienes son sancionados dejan de trabajar con esas plataformas. No obstante, no hay datos que indiquen que haya menos conductores, sino al contrario.
Acerca de la decisión de la Municipalidad de Villa Allende de avanzar en la regulación de las aplicaciones, Fernández –que también es presidente del Ente Metropolitano– dijo que en Córdoba se espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre la apelación que presentó el municipio capitalino.
Hay que recordar que la Cámara 2ª Contencioso-Administrativa lo había emplazado a dictar una ordenanza para regular el servicio, pero el Ejecutivo apeló la decisión y ahora debe definir el TSJ.