Hoy marca el séptimo día desde que el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo crucial en relación al caso de muerte digna de J.S., un paciente que lleva más de 8 meses internado en el hospital de urgencias.
El fallo, elogiado por su claridad, destaca la importancia de respetar la voluntad personal y sostiene que la ley Nacional prevalece sobre la Provincial. Además, insta a los médicos en desacuerdo a apartarse y permitir la retirada del soporte vital.
A pesar de la contundencia del fallo, la Municipalidad de Córdoba, cuyas autoridades enfrentan la obligación de pagar las costas según la orden judicial, aún no ha tomado una decisión clara sobre cómo proceder. La posibilidad de apelar ante la Corte Suprema está sobre la mesa, lo cual, según algunos agentes judiciales involucrados, sería escandaloso.
El médico que acompaña a la familia, el Dr. Carlos Soriano, expresó su preocupación por la falta de confirmación por parte de las autoridades municipales.
Además, destacó la angustia y agonía que enfrenta la familia ante la incertidumbre. Soriano citó el fallo del Tribunal Superior, que insta a cumplir con la retirada del soporte vital de J.S., y criticó el comportamiento de la Municipalidad, señalando que la demora “solo agrava la situación inhumana que enfrenta la familia”.
Soriano recordó el proceso legal que la familia tuvo que enfrentar, desde el amparo favorable hasta la sorprendente apelación a pesar de la afirmación de que no lo harían. También mencionó el obstinado desacato a dos fallos judiciales anteriores que recomendaban poner fin al sufrimiento de J.S.
“Así estamos, no se entiende la perversidad. No se entiende la obstinación terapéutica, no se entiende el capricho por el cual están haciendo sufrir a toda la familia”, agregó Soriano.
Por último, resaltó la calidad impecable del fallo del Tribunal Superior y cuestionó la posible apelación a la Corte Suprema, argumentando que es poco probable que tengan éxito dado el sólido respaldo legal existente.
La situación sigue siendo tensa mientras la familia espera una resolución definitiva y la Municipalidad de Córdoba se enfrenta a la presión pública y legal para tomar medidas de acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Justicia.