Los empleados del Poder Judicial cordobés mantuvieron ayer por la mañana una asamblea en el hall central de Tribunales II en reclamo de un aumento salarial.
La medida se dio luego de que los trabajadores de la Justicia Federal acordaran un 30% de recomposición con la Corte Suprema de Justicia, que repercute de manera directa en los sueldos de sus pares locales, pero que aún no ha sido ratificado.
Al respecto, Adrián Valan, secretario Gremial de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), destacó la inquietud de los trabajadores por la demora en la implementación del tercer tramo de aumento que acordó la Corte Suprema.
De persistir esta demora, Valan aseguró que se considerará la posibilidad de tomar medidas adicionales, como recurrir al Tribunal Superior de Justicia con “un pedido a cuenta”, para salvaguardar el poder adquisitivo de los empleados.
“La devaluación económica impactó significativamente en los salarios de los trabajadores de todo el país, incluyendo al sector judicial”, indicó el representante. Asimismo, se refirió a la “profunda desigualdad en los salarios dentro del Poder Judicial”, en particular la brecha entre los salarios de los magistrados y funcionarios en comparación con los empleados.
En este sentido, Valan indicó que la equiparación salarial al 90% de los salarios de los magistrados federales excluye a los empleados judiciales y genera una brecha “monumental” que “acentúa las tensiones y desigualdades”.
En cuanto a las cifras salariales, el secretario reveló que un integrante del Tribunal Superior de Justicia gana entre $ 2.000.000 y $ 3.000.000 mensuales, mientras que los jueces de primera instancia perciben alrededor de $ 1.700.000.
Esto contrasta con los salarios que percibe el 70% de los empleados del Poder Judicial de Córdoba, quienes se encuentran en las tres primeras categorías salariales y no superan los $ 450.000. En tanto, el nivel más bajo del escalafón es representado por la primera categoría del sector obrero de maestranza, con un salario base de $ 260.000.