El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC) y el gremio de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) salieron ayer a responderles con los tapones de punta al gobernador Martín Llaryora y a su ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, luego de que ambos funcionarios pusieron en tela de juicio el desempeño de médicos y enfermeras en los hospitales y les reprocharon estar cobrando salarios elevados.
Como se recordará, el mandatario provincial encabezó el martes pasado un acto en el Centro Cívico donde lanzó el Programa de Fortalecimiento Hospitalario, que contará con una inversión global de 7.000 millones de pesos. Fue en ese contexto y ante la presencia de todos los directores y subdirectores de los nosocomios de la provincia, que Llaryora remarcó en un encendido discurso que “estamos pagando mejores salarios en algunos casos que los privados”.
Asimismo, sostuvo que los centros de salud cuentan con “última tecnología”. Y apuntó contra los médicos: “Después me dicen ‘no anduvo el aire’ y me paran la operación. ¡Pero estamos locos!”. “No vienen las enfermeras, el médico atiende siete, ocho, diez. ¡Se acabó! Se acabó porque no le debemos nada a nadie”, enfatizó. La respuesta no tardó en llegar.
En la víspera, desde el Consejo de Médicos alertaron que “los profesionales de la medicina que trabajan en el sector público han sido objeto de descalificaciones injustas y reduccionistas”. La entidad manifestó su malestar por “este ataque sorpresivo hacia quienes desarrollan su actividad en medio de condiciones complejas, en un contexto de aumento de la demanda producto del empobrecimiento de la población, que progresivamente abandona los servicios privados”.
Sobre el final del escrito, pidieron “a las autoridades de la Provincia que mantengan el trato respetuoso que los profesionales de la salud –que en los últimos años hemos dado sobradas muestras de entrega y vocación– siempre hemos tenido. Creemos en el diálogo, no en los monólogos. Los procesos de cambio unidireccionales pueden ser contraproducentes: la construcción debe ser colectiva”.
Llaryora confirmó que los directores de los hospitales provinciales tendrán “las facultades para sancionar” y “pedir claramente el cese” de empleados que incumplan con su desempeño, ya sean contratados o efectivos. Sobre el particular, recalcó que las autoridades de cada nosocomio podrán “tomar decisiones drásticas con aquellos que no están a la altura de los tiempos para atender a nuestra comunidad”.
Según UTS, “la reforma es más ajuste”
La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) denunció ayer que la reforma hospitalaria impulsada por el gobernador Martín Llaryora “es más ajuste y vaciamiento del sistema público de Salud”. “Al parecer, el gobernador no quiere gestionar el sistema de salud y prefiere transferir las responsabilidades que implica esa tarea. Propone volver a una desarticulación que no tiene nada de novedoso y que ya fracasó”, objetó el gremio.
Asimismo, recordó a través de un comunicado que “en 2013 originó un duro conflicto en salud por la falta de insumos y los casos de corrupción que había traído consigo la descentralización de las compras”. En tanto, repasó que “en su discurso el gobernador insistió con las amenazas y mentiras sobre las y los trabajadores de salud, al señalar que el personal de salud pública sería privilegiado en relación a los salarios comparados con el sector privado e insistiendo en el discurso de la eficiencia y productividad”.
“Quieren evadir sus responsabilidades en la situación actual y culparnos a los trabajadores. Por eso mienten respecto del ausentismo y falsean los números contando como faltas las licencias por maternidad para que pueda prolongar más el período de lactancia”.