La Cámara de Familia de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba emitió una resolución en la que, por mayoría, concluyó que un hombre ejerció violencia de género simbólica, verbal y gestual hacia una compañera de trabajo.
La víctima había denunciado que el acusado realizaba chistes misóginos y comentarios descalificantes hacia ella y hacia las mujeres en general. Solicitó que se tomaran medidas para que el agresor dejara de trabajar en el mismo lugar, cesara en sus acciones y se sometiera a tratamiento terapéutico especializado.
Inicialmente, el juzgado de primera instancia no admitió la denuncia, considerándola un conflicto laboral que debía tratarse en el ámbito del derecho del trabajo. Sin embargo, impuso al denunciado la obligación de asistir a programas educativos sobre violencia de género. La denunciante apeló la decisión.
Tras un análisis exhaustivo de la prueba testimonial, la Cámara de Familia concluyó que el acusado había ejercido violencia de género simbólica, verbal y gestual. En su resolución, destacó la importancia de valorar la prueba con una perspectiva de género, subrayando que en casos de violencia de género, esta valoración es obligatoria para el tribunal.
Los jueces también señalaron que la violencia de género se manifiesta en el contexto social y personal de los involucrados y que suele ser difícil obtener pruebas en situaciones donde solo están presentes la víctima, el agresor y, a veces, un testigo.
Además, la resolución hizo hincapié en la necesidad de reconocer las relaciones de poder entre géneros y que estas han sido construidas social y culturalmente.
También destacó que la historia y contexto personal del agresor no justificaban ni mitigaban la afectación de los derechos de la víctima.
Por último, la Cámara de Familia convalidó la asistencia obligatoria del agresor a actividades psico-socio educativas en el Centro Integral de Varones, con el objetivo de que «aprenda a comunicarse correctamente con las mujeres».