El Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas con asiento en Alta Gracia dictó el sobreseimiento por atipicidad de una mujer que había sido imputada por homicidio calificado por el vínculo tras la muerte de sus dos hijos adolescentes, quienes requerían cuidados permanentes a raíz de una severa discapacidad.
La resolución fue comunicada personalmente a la mujer por la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales (Ociji) involuntarias, organismo que intervino durante la internación inicial y trasladó el contenido del fallo en lenguaje claro y accesible.
Si bien la Fiscalía de Instrucción había solicitado el sobreseimiento por inimputabilidad debido al estado de salud mental de la imputada, el Juzgado coincidió con el pedido pero discrepó con su fundamento. Para el tribunal, la conducta atribuida no encuadra penalmente y, por tanto, resulta atípica.
La imputación se había formulado bajo la figura de omisión impropia, es decir, la comisión de un delito por no evitar un resultado cuando existía una posición de garante. Sin embargo, el Juzgado subrayó la necesidad de un análisis profundo de los roles y funciones en contextos atravesados por la sobrecarga del cuidado, especialmente cuando se trata de mujeres madres en situaciones de extrema vulnerabilidad.
En ese sentido, la resolución incorpora una mirada con perspectiva de género y derechos humanos, citando las Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al Derecho al Cuidado (OC 31/2025). El fallo advierte sobre las visiones tradicionales que imponen a las madres una carga naturalizada y desproporcionada, relegando a los padres a un rol secundario y al Estado a una presencia insuficiente.
“El cuidado se impone como una carga amorosa ligada a la función reproductiva”, señala el tribunal, al tiempo que remarca que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derecho, pero que ello no puede invisibilizar las demandas extremas que enfrentan quienes cuidan, en un contexto de falta de políticas públicas concretas de acompañamiento.
Para la Justicia, la conjunción entre estereotipos de género, ausencia estatal y exigencias excesivas hacia las mujeres cuidadoras configura un escenario que no puede ser analizado desde una lógica penal rígida, sino desde una comprensión integral de las condiciones estructurales que atraviesan estos casos.