El Tribunal Federal Uno comenzó este martes por la mañana el juicio al ex docente de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, Luis Augusto Olmedo, imputado de presunta Extorsión Continuada.
La misma acusación pesa sobre los otros dos involucrados: Adrián Casalis y Augusto Massimino. También será juzgada la ex decana Mirta Spadiliero de Lutri, a quien se le reprocha un posible incumplimiento de deberes de funcionaria pública.
Cabe recordar que la investigación comenzó en septiembre de 2020, cuando un grupo de estudiantes se animó a denunciar judicialmente que para aprobar la materia que dictaba el profesor Olmedo tenían que pagar un curso externo de apoyo, con el cual lucraba el propio docente.
O sea, se trataba de una academia particular que «preparaba» a los estudiantes para sacarse la materia de encima y que no se le trabe la carrera.
Según la investigación impulsada por el fiscal Maximiliano Hairabedian, los hechos habrían ocurrido desde mediados de la década de los 90 y mayormente desde abril de 2004, cuando Olmedo se convirtió en titular de la cátedra.
El caso ya cuenta con más de 51 testimonios de alumnos. Entre los relatos que figuran en el expediente aparecen denuncias de estudiantes que fueron reprobados hasta siete veces. Incluso, algunos de ellos aseguraron que luego de varios intentos de aprobar sin éxito, terminaron por abandonar la carrera.
El fiscal Hairabedian, anticipó que prevén que el sea un «juicio largo» y que concluiría recién en marzo.
La prueba sería abrumadora al punto en que, en la acusación, el fiscal expresó en su momento “Un aceitado, insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Casalis y Massimino para aprobar la materia, exigencia que era cubierta por la fachada o simulación de un curso, bajo la amenaza que, de no hacerlo, se exponían en muchos casos a ser aplazados indebida y arbitrariamente indeterminada cantidad de veces. La intimidación era ejercida principalmente por Olmedo, combinando para generar miedo, aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema, ejercicio despótico del cargo, maltrato, imagen de persona influyente e impune, aprovechamiento de la asimetría entre su posición dominante y la vulnerabilidad e indefensión de los alumnos que estaban sometidos a su voluntad bajo la pasividad de las autoridades de la Facultad”.
En lo que respecta a la situación de la decana, Hairabedian argumentó que es ilegal que en su momento la entonces decana no haya denunciado el delito.
Miembro de la conducción de la facultad y decana a partir de 2014, Spadiliero de Lutri “no ejecutó el deber que le imponía” la ley “consistente en la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias”, señaló el fiscal.