Mañana no habrá transporte público por el paro nacional

En Córdoba, adhirieron a la medida UTA, Aoita, UEPC, Sadop y La Bancaria

Mañana no habrá transporte público por el paro nacional

Desde las 0 horas y hasta las 23.59 no circularán los colectivos por la ciudad.

Mañana tendrá lugar el segundo paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra del ajuste que ejecuta el Gobierno de Javier Milei y en Córdoba ya confirmaron su adhesión a la medida los colectiveros del transporte urbano de la ciudad (UTA), los interurbanos (Aoita) los docentes provinciales y privados (UEPC y Sadop), los municipales (Suoem), los bancarios y los peones de taxis. En este marco, el PRO en el Concejo Deliberante solicitó que se reactive un proyecto de ordenanza para garantizar guardias mínimas en los servicios escenciales.

Desde la UTA indicaron que no habrá transporte urbano desde las 0 horas de mañana y hasta las 23.59, en reclamo por las “consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional tomadas directamente en contra el pueblo trabajador, y abiertamente orientadas a vulnerar derechos individuales básicos». En tanto, Claudio Luna, de Aoita, aseguró que la adhesión al paro responde al impacto del ajuste de precios y también sumó el reclamo por un transporte de pasajeros “de calidad y accesible”.

Por su parte, tanto la UEPC como Sadop también anunciaron su respaldo al paro. La medida se sentirá, en mayor medida en las escuelas de administración pública por la cantidad de establecimientos bajo este régimen.

Con respecto a la Bancaria, se informó que, si bien los servicios de atención estarán afectados, los cajeros automáticos estarán habilitados, como así también las aplicaciones de Home Banking. En tanto, los peones de taxistas también se sumarán a la medida y subirán a sus vehículos.

Por su parte, la adhesión del Suoem, que no asistirá a sus puestos mañana, tuvo una repercusión inesperada. En el Concejo, la concejala del PRO Soher El Sukaria, reflotó la discusión por un proyecto de su autoría en el que propone “ratificar la obligatoriedad de garantizar una prestación mínima y esencial de los servicios públicos municipales vinculados al goce de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, al transporte público, y al acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable cuando el ejercicio de una medida de fuerza o de acción directa los comprometa”.

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